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María Sol Larrea fue llamada a un nuevo juicio por el delito de lavado de activos

Entre 2008 y 2013, Larrea fue directora general del Hospital Carlos Andrade Marín y coordinadora nacional de Gestión de Unidades Médicas del IESS.

Entre 2008 y 2013, Larrea fue directora general del Hospital Carlos Andrade Marín y coordinadora nacional de Gestión de Unidades Médicas del IESS.

Entre 2008 y 2013, Larrea fue directora general del Hospital Carlos Andrade Marín y coordinadora nacional de Gestión de Unidades Médicas del IESS. Foto: Archivo EL COMERCIO

La excoordinadora del IESS, María Sol Larrea, enfrentará un nuevo juicio por un presunto delito de lavado de activos. Así lo dispuso una juez penal de Quito la noche del miércoles, 14 de octubre del 2020.

En su resolución, la magistrada dispuso que se mantengan las medidas cautelares que pesan en contra de la exfuncionaria del Seguro Social. Entre esas están la prisión preventiva y la prohibición de vender sus bienes. En este proceso penal también están indagados dos familiares de la exfuncionaria y siete empresas.

Según las investigaciones, Larrea junto con sus dos familiares habrían obtenido contratos por USD 91,1 millones entre el 2008 y 2018, cuando ella se desempeñaba en el sector público.

Entre 2008 y 2013, Larrea fue directora general del Hospital Carlos Andrade Marín y coordinadora nacional de Gestión de Unidades Médicas del IESS. De 2013 a 2015 fue coordinadora general de Planificación del Ministerio de Industrias y Productividad.

La diligencia se llevó a cabo en el Complejo Judicial Norte de Quito. Allí el fiscal del caso expuso que el principal cliente de las siete empresas que constituyeron las procesadas fue el IESS.

“Con esta fachada habrían colocado fondos en el sistema financiero nacional, dinero transferido entre las cuentas de las empresas procesadas, con las cuales se habría simulado la existencia de proveedores y clientes”, dijo el fiscal.

El artículo 317 del Código Integral Penal sanciona el delito de lavado de activos con cárcel de uno a 13 años dependiendo de los montos que hayan sido lavados. También se analiza si existió asociación para delinquir o si el delito se cometió utilizando empresas, instituciones públicas o cargos públicos.

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