
El asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, aún no tiene sentencia contra quienes supuestamente lo ordenaron y financiaron. Tres años después, el supuesto caso sigue en etapa preparatoria de juicio contra siete procesados.
Villavicencio fue baleado al salir de un mitin político, 11 días antes de las elecciones anticipadas. La Policía capturó a seis ciudadanos colombianos en flagrancia en el sector Las Monjas, quienes murieron en prisión preventiva.
En paralelo, la justicia condenó el 12 de julio de 2024 a seis miembros de Los Lobos: Carlos Angulo y Laura Castillo recibieron 34 años de cárcel, mientras Erick Párraga, Víctor Flores, Alexandra Chimbo y José Montaño recibieron 12 años.
El abogado Lenin Guerra explica que la captura en flagrancia cambió por completo el trámite legal. En esos casos se omite la investigación previa y se pasa directo a la instrucción fiscal, lo que permitió que los responsables directos fueran sentenciados en menos de un año.
El abogado Francisco Estupiñán señala que el juicio contra los presuntos autores intelectuales aún no ha comenzado. La causa está en etapa preparatoria desde el 30 de junio de 2026, cuando el juez Giovanny Freire validó lo actuado.
A diferencia de la flagrancia, este proceso requirió una investigación previa de 25 meses antes de formular cargos.
La Fiscalía perdió el testimonio clave de los ejecutores, asesinados en la Penitenciaría del Litoral el 6 de octubre de 2023.
En enero de 2024 sicarios asesinaron a un policía vinculado al seguimiento previo a Villavicencio. Sin esa evidencia directa, la Fiscalía reconstruyó el caso con chats periciados de Threema, testimonios protegidos y asistencias penales internacionales.
Estupiñán recuerda que se debió probar la figura penal de autoría mediata bajo el artículo 42 del COIP, que exige demostrar orden, jerarquía y nexo directo con el crimen.
El expediente incluye mensajes obtenidos de Suiza entre alias ‘Owner’ y ‘Daddy Yanky’ sobre “resolver lo de Villa”, registros del ECU 9-1-1, audios y testimonios de exagentes.
Un expolicía declaró en septiembre de 2025 que vigiló a Villavicencio por encargo de Daniel Salcedo, con conocimiento del exministro José Serrano.
El propio Salcedo, tras sobrevivir a un intento de asesinato en la Cárcel de Riobamba, aportó un testimonio que reactivó la investigación en 2025.
La Fiscalía imputó a Xavier Jordán, José Serrano, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo, Wilmer Chavarría (alias ‘Pipo’), Luis Arboleda y Ángel Esteban Aguilar como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.
Según la teoría fiscal, Jordán habría financiado el crimen; Serrano aportado información clave; Aleaga coordinado los pagos; y Salcedo realizado seguimientos previos.
Chavarría, Arboleda y Aguilar, identificados como cabecillas de Los Lobos, habrían dirigido la logística y mantenido contactos con disidencias de las FARC para ejecutar el plan.
El abogado Francisco Estupiñán explica que el COIP exige la presencia física del acusado en juicio.
En este caso, varios de los procesados —Xavier Jordán, José Serrano y Ronny Aleaga— residen en el exterior. Por esa razón, la Corte Nacional de Justicia solicitó sus extradiciones el 16 de julio de 2026. Hasta que lleguen al país, el proceso queda suspendido.
Estupiñán aclara que, bajo la normativa ecuatoriana, la ley obliga a que los acusados estén presentes en la audiencia de juicio y no permite juzgarlos en ausencia.
Esa exigencia se convirtió en uno de los principales factores que mantienen el caso detenido tres años después del asesinato de Villavicencio.
La audiencia preparatoria demoró más de lo previsto por saturación judicial. Además, el 14 de julio de 2026, las hijas de Villavicencio, Amanda y Tamia, retiraron el patrocinio a su abogado Patricio Rosero y solicitaron que la Defensoría Pública les asignara un nuevo defensor.
Alegaron que Rosero había enfrentado amenazas y acoso durante el ejercicio de su defensa. Ese cambio de patrocinio generó nuevas suspensiones y prolongó la etapa preparatoria.
El 6 de agosto de 2026 la Fiscalía presentó 361 elementos de convicción contra los siete procesados. El juez debe decidir si los llama a juicio. Para Estupiñán, tres años sin sentencia no implican impunidad, pero evidencian que el sistema penal condena rápido al ejecutor y es débil frente al autor intelectual.
El pasado viernes 7 de agosto, la Fiscal Ana Hidalgo mostró audios de Marcelo Lazo, un testigo que había involucrado a Xavier Jordán, Ronny Aleaga, José Serrano, Rafael Correa y Jorge Glas. Sin embargo, en le transcurso del juicio, Lazo cambió de testimonio.
Según los nuevos audios mostrados, se demostraría cómo Jordán habría pagado a Lazo para cambiar su testimonio y que habría financiado sus gastos en el exterior.
Mientras tanto, ayer, sábado 8 de agosto, la Fiscalía pidió prisión preventiva de:
Se pidió, además, su difusión roja en la Interpol.
Tres años después del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, el proceso contra siete presuntos autores intelectuales todavía no llega a juicio.
La causa se encuentra en etapa preparatoria de juicio y el juez debe decidir si los siete procesados son llamados a juicio después de que la Fiscalía presentó 361 elementos de convicción.
La Fiscalía procesó a Xavier Jordán, José Serrano, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo, Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, Luis Arboleda y Ángel Esteban Aguilar como presuntos autores intelectuales.
La teoría fiscal atribuye distintos roles dentro del supuesto plan: financiamiento, entrega de información, coordinación de pagos, seguimientos y organización de la logística del crimen.
El proceso contra los autores materiales avanzó más rápido porque varios fueron capturados en flagrancia, lo que permitió pasar directamente a la instrucción fiscal sin una investigación previa.
Seis integrantes de Los Lobos fueron condenados el 12 de julio de 2024, menos de un año después del asesinato de Villavicencio.
La Fiscalía necesitó 25 meses de investigación previa antes de formular cargos contra los siete procesados.
La investigación tuvo que reconstruir el supuesto plan mediante chats periciados, testimonios protegidos, registros del ECU 9-1-1 y asistencias penales internacionales, después de que algunos posibles testigos clave fueron asesinados.
La Fiscalía presentó 361 elementos de convicción, entre ellos chats, audios, registros del ECU 9-1-1 y testimonios relacionados con el seguimiento y la planificación del asesinato.
Entre los elementos constan mensajes obtenidos de Suiza sobre “resolver lo de Villa”, además de declaraciones de exagentes y testimonios que vinculan a algunos procesados con actividades previas al crimen.