Entrevista al general Fausto Olivo, director de Personal de la Policía Nacional.
La Asamblea decidió no acoger las recomendaciones que el Ejecutivo hizo para la Ley de Uso de la Fuerza. ¿Cuál es la posición de la Policía respecto a esta negativa?
Primero, hay que resaltar el trabajo de la Asamblea. La Comisión que trató la norma nos dio apertura a muchos de los temas que propusimos. Incluso hubo policías que pudieron conversar con los asambleístas para que conozcan un poco más nuestras necesidades. Pero en ciertos artículos pedíamos un paso más allá. Hay elementos que nos preocupan en esta ley y que queremos expresarlos como institución.
¿En qué aspectos de la ley están ustedes disconformes?
La conceptualización de la amenaza es uno de ellos. Nosotros propusimos que sea esa acción violenta o percibida con base en los entrenamientos de los servidores policiales. Pero en la ley se habla de que la amenaza necesariamente tiene que materializarse con un ilícito. Esto claramente tiene que ser revisado porque, para nosotros, la amenaza tiene que ser el disparador para la actuación policial. Pero si nos dicen que debe materializarse con un ilícito, esto es contradictorio.
¿Cómo les afecta esto en la práctica?
Por ejemplo, si un sospechoso quiere atacar a un policía o a otra persona con un arma blanca, no podemos actuar hasta que se materialice el ilícito. Ahí tendríamos problemas para ejecutar el uso de la fuerza frente a esa amenaza. Estamos viendo qué acciones tomaremos en el reglamento de la ley o en algún recurso legal porque esto puede poner en riesgo la vida de la ciudadanía.
Pero en el caso que menciona, se configuraría como delito al intento de asesinato o agresión. ¿Ustedes podrían actuar o no?
Depende de la circunstancia. En principio, si una persona está con arma blanca, no es delito. Una amenaza de intento de asesinato es muy difícil de probar por las circunstancias y momentos, salvo que exista un video. Pero insisto, no debe haber un paso previo, la amenaza no debe tener consideraciones.
El debate y la aprobación de la ley se da días después de la mayor manifestación que ha enfrentado el Gobierno. ¿Ustedes creen que esto influyó para limitar la acción policial?
Lógicamente. Creo que hubo una preocupación por la garantía de la protesta social. Creo que es un derecho que debe estar garantizado, sin embargo, la protesta social mezclada con violencia ya tiene que ser analizada en otro entorno. Y la discusión se centró muchísimo en el tema de la protesta social y las capacidades de la Policía para poder actuar en defensa del orden. Pero se descuidó un poco el enfoque de seguridad ciudadana.
¿Qué otro aspecto les preocupa de la ley?
La ley dice que los superiores deberán rendir cuentas y ser responsables de las ordenes que realicen. Hasta ahí está correcto. Pero luego indica que también deben ser responsables de las infracciones que sus subalternos cometan. Ahí es el problema porque nadie puede ser juzgado por la conducta de otros.
Es decir, ¿no quieren ser juzgados por las acciones de sus subalternos?
Un ejemplo de esto sería que un subteniente está a cargo de un grupo de agentes en un caso de orden público y uno de ellos causa la muerte de alguien. El subteniente no podría ser juzgado por esa muerte si no existe el nexo causal de que su orden tiene relación con las consecuencias que se generen.
¿Por eso, en las manifestaciones anteriores no dispararon pese a que había personas con armas de fuego en las protestas?
La ley sí nos amparaba, pero lo que hubo fue una orden de no disparar armas letales. Esto para evitar que se genere más violencia. Pero el problema está en que la rendición de cuentas no solo afecta al orden público, sino también en seguridad. Por ejemplo, si un policía comete un robo, su superior no puede ser responsable de esas acciones.
Uno de los temas que también pedían era que los agentes no sean judicializados por las acciones del uso de la fuerza. ¿Aún piensan igual?
No. De ninguna manera pedimos que un policía que cause la muerte de una persona no sea investigado. Lo que estábamos pidiendo es que se invierta el orden de los hechos. El problema es que, en nuestro país, cuando el policía actúa, es detenido y luego, investigado. Hay agentes hasta con grilletes.
Pero la ley contempla que la Fiscalía tenga una unidad especializada para investigar a los agentes. ¿A eso también se oponen?
No. Eso es importantísimo, que existan jueces y fiscales especializados en estos procesos.