Juan Carlos Rivera enfrenta indagación por corrupción en el caso Naranjal

Juan Carlos Rivera enfrenta diligencias penales por supuesta corrupción institucional dentro del caso Naranjal.

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Las actuaciones fiscales y policiales desplegadas en la provincia del Guayas buscan determinar el funcionamiento de una presunta estructura delictiva enquistada en la administración pública local, marco en el cual la autoridad cantonal, Juan Carlos Rivera Gutiérrez, comparece ante las autoridades judiciales para rendir versión por las pesquisas abiertas bajo la denominación del caso Naranjal. Las indagaciones técnicas abiertas este miércoles 11 de noviembre de 2026 apuntan a esclarecer irregularidades administrativas y presuntos delitos contra la fe pública cometidos en varias direcciones y unidades del cabildo.

Presuntos delitos e irregularidades bajo la lupa del caso Naranjal

Las averiguaciones formalizadas por los equipos de control penal rastrean la existencia de una red institucional que habría operado a nivel interno para cometer tráfico de influencias, falsificación y uso doloso de documentos falsos, entre otras posibles infracciones.

Tras los tres allanamientos desarrollados durante la madrugada de este miércoles en un inmueble, una finca y dependencias del gobierno cantonal para recabar elementos de convicción, los agentes levantaron indicios documentales y técnicos para sustentar si existió manipulación de trámites, emisión irregular de papeles oficiales o favorecimiento en resoluciones municipales.

Inmunidad electoral y límites legales para la formulación de cargos

Pese a haber sido localizado y trasladado para brindar su declaración formal, la situación jurídica de la autoridad cantonal se rige por disposiciones normativas específicas debido a su participación en los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026.

Al encontrarse inscrito como postulante formal que busca la reelección, Rivera cuenta con inmunidad electoral de conformidad con el Código de la Democracia. Esta condición jurídica impide que se le formulen cargos judiciales o se tramite una orden de prisión preventiva en su contra hasta que concluya el proceso de votaciones y se proclamen los resultados electorales oficiales correspondientes.

Pronunciamiento del alcalde y comunicado oficial del cabildo

Ante el despliegue de las autoridades, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Naranjal emitió este 11 de noviembre un comunicado oficial en el que ratificó su compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto a los organismos de justicia, asegurando que facilitó toda la colaboración requerida.

Asimismo, el alcalde Juan Carlos Rivera difundió un mensaje personal confirmando dicha postura institucional: “El GAD de Naranjal bajo mi administración está presto a colaborar con la justicia, la transparencia es algo que nos ha caracterizado, hoy hemos colaborado en todo lo solicitado por Fiscalía. Seguiremos trabajando en favor de la ciudadanía de Naranjal”.

Retiro de respaldo político y apertura de expediente de desafiliación

El contexto institucional que rodea estas pesquisas se aceleró el pasado 29 de octubre, fecha en que el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) le retiró su apoyo político e inició el trámite de expulsión conforme a su Manual de Ética interna. Dicha medida organizativa se adoptó luego de la viralización de audios y videos divulgados por el periodista Andersson Boscán —presuntamente provistos antes de morir por el abogado Leonardo Toledo—, en los cuales se atribuía supuesta injerencia delictiva del grupo Los Lobos en el cabildo; grabaciones que el propio funcionario desmintió calificándolas públicamente de campaña sucia en su contra.

Operatividad en las dependencias municipales del cantón

La institución municipal remarcó además que los trámites administrativos, servicios básicos y actividades de atención pública se mantienen desarrollándose con total normalidad para los habitantes del cantón.


Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué presuntos delitos se investigan formalmente dentro del caso Naranjal?

Tráfico de influencias, falsificación y uso doloso de documentos falsos en el Municipio.

En el apartado de Presuntos delitos e irregularidades bajo la lupa del caso Naranjal, se expone que las pesquisas abarcan diversas unidades del cabildo. Los agentes realizaron tres allanamientos para asegurar elementos de convicción que demuestren si existieron irregularidades administrativas en contrataciones o documentos institucionales.

❓ ¿Qué manifestó el alcalde Juan Carlos Rivera sobre las diligencias ejecutadas?

Sostuvo que su administración colaboró con todo lo requerido por la Fiscalía y que continuará laborando por el cantón.

En la sección Pronunciamiento del alcalde y comunicado oficial del cabildo, se detalla que tanto Rivera como el cabildo emitieron comunicados enfatizando la legalidad de sus actos. El personero municipal remarcó su apego a la transparencia frente a los procedimientos desarrollados este 11 de noviembre.

❓ ¿Por qué la Fiscalía no puede imputar cargos penales al burgomaestre?

Porque está inscrito como candidato a la reelección para el 29 de noviembre y goza de inmunidad electoral.

De acuerdo con el bloque de Inmunidad electoral y límites legales para la formulación de cargos, la normativa del Código de la Democracia impide formularle cargos penales o dictarle prisión preventiva. Su comparecencia se limita a la toma de versión dentro del acto urgente hasta la proclamación oficial de resultados.

❓ ¿Se suspendió la atención a los usuarios en las oficinas del Municipio de Naranjal?

No, las actividades administrativas y la entrega de servicios públicos continúan con normalidad.

Bajo el subtítulo de Operatividad administrativa y desmarque del frente político, la entidad aseguró que la jornada comunitaria no sufrió alteraciones. Las autoridades locales precisaron que los usuarios pueden acudir de manera regular a ventanillas a cumplir sus trámites ordinarios.

❓ ¿Qué acción política tomó la agrupación oficialista ADN contra el funcionario?

Retiró su respaldo electoral e inició un trámite de desafiliación por faltas a su Manual de Ética.

La resolución del movimiento se adoptó el 29 de octubre a raíz de materiales audiovisuales difundidos en plataformas digitales. Ante estas acusaciones públicas previas a las indagaciones en el caso Naranjal, el alcalde se defendió declarando que todo correspondía a ataques políticos infundados.


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