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Juan Pablo Albán: ‘Elementos contra el Alcalde no demuestran un peculado’

Entrevista Juan Pablo Albán, abogado del alcalde de Quito Jorge Yunda. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Entrevista Juan Pablo Albán, abogado del alcalde de Quito Jorge Yunda. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Entrevista Juan Pablo Albán, abogado del alcalde de Quito Jorge Yunda. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

En la investigación por presunto peculado en contra del alcalde Jorge Yunda y otras seis personas, la Fiscalía dice que existe un perjuicio para el Estado de USD 4,2 millones en la compra de pruebas que detectan covid-19. ¿Es así?
En realidad el contrato para esta adquisición fue acordado por USD 3 700 000 más IVA, lo que efectivamente da una suma de USD 4,2 millones.

Afirmar el perjuicio me parece un poco difícil, porque el Municipio todavía no ha terminado de pagar los valores respectivos. Luego, sí se recibieron las pruebas y el Municipio recibió 50 000 test más de los que adquirió. Esto ocurrió, porque la empresa quiso garantizar la vigencia adecuada de las pruebas, pues por distintos incidentes relacionados con fechas de entrega y demás se ha impuesto a la empresa multas por algo más de USD 600 000.

Usted ha dicho que no se puede probar el ilícito, pero la Fiscalía ha presentado más de 35 elementos en contra de los procesados.
Los elementos que han presentado para vincular al señor Alcalde no demuestran el cometimiento de peculado. Uno de estos es la declaratoria de emergencia en el Distrito. Otro es la delegación a la Secretaría de Salud para que se encargue de los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución, para la adquisición de insumos. Pero esto no tiene nada de ilegal.

¿Usted dice que su defendido no puede ser juzgado por lo que hicieron otros?
Desde el Derecho Administrativo es posible hacer delegaciones para diversas tareas. Si se requiere un análisis técnico, si se requiere un examen de ejecución, no podríamos pedirle a la máxima autoridad -de la institución que fuera- que esté pendiente de todo.

La delegación no es suficiente para una acusación, pero es un elemento que la Fiscalía invocó para imputar al Alcalde.

¿Solo Jorge Yunda conocía el tema de los test?
La Secretaría de Salud ha estado informando cada semana a todo el Concejo Metropolitano, integrado por 21 concejales y el Alcalde, sobre el proceso de control o manejo de la pandemia, incluida la aplicación de las pruebas para diagnóstico. Entonces, si vamos a imputar responsabilidad por el supuesto conocimiento anticipado de que había situaciones irregulares había que imputar a los 22 miembros que integran el Concejo.

La Fiscalía dice que una vez detectado que no se entregaron las PCR sino RT Lamp, se debía terminar el contrato de forma unilateral y no de mutuo acuerdo, como se hizo. Indica que se debió declarar incumplida a la contratista y ejecutar las garantías. ¿Por qué no se lo hizo?
La Ley de Apoyo Humanitaria, en una de sus transitorias, determina que las instituciones del Estado no pueden hacer terminaciones unilaterales cuando hay valores pendientes de pago al proveedor.

Según la investigación, las RT Lamp tienen menor fiabilidad de detección del virus. ¿Por qué se aceptó ese producto?
Las determinaciones de la Arcsa (Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria) sobre las pruebas para detección de covid incluyen distintos tipos de test. Entre las categorizadas como PCR sí están las RT Lamp.

Los elementos hallados por la Fiscalía dicen que con las RT Lamp había que duplicar el procesamiento de cada examen, debido a su baja sensibilidad.
En el expediente hay cuatro informes sobre la sensibilidad de las pruebas. Dos de ellos son de la U. de las Américas. Un informe dice que hay sensibilidad de más del 94% y en el otro indica que sería inferior al 70%. Además, hay un informe de la autoridad certificadora nacional coreana que avala una sensibilidad del 95 al 100%. Hay otro de una certificadora alemana que avala una sensibilidad del 95 al 100% también. Lo que sería conducente en este momento es que la Fiscalía solicite un nuevo peritaje que determine la sensibilidad de las pruebas.

¿Cómo es que los posibles incumplimientos de las especificaciones técnicas hayan sido de conocimiento del Alcalde y la Secretaria de Salud, quienes habrían intercambiado mensajes vía WhatsApp?
En la audiencia, la Fiscalía no dio cuenta de cuál era el supuesto contenido comprometedor de los chats y no explicó su relevancia. Solo dijo que hay unos chats. Revisé dos de 252 cuerpos del expediente y ahí están las impresiones de los chats y transcripciones de mensajes de voz y no he encontrado nada comprometedor, oscuro o sospechoso.

¿Qué dicen los chats?
Se intercambia información sobre la curva de crecimiento de la pandemia, hay conversaciones relacionadas con las pruebas y su implementación. Pero no se hace alusión a una baja sensibilidad.

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