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Fiscalía: ‘Procesados del caso Las Torres utilizaban jerga criminal para operar’

La Fiscalía detalló en la audiencia preparatoria de juicio la forma en que, aparentemente, operaban exfuncionarios de Petroecuador y Contraloría en el caso Las Torres. Fotos: Corte Nacional de Justicia

La tercera jornada de la audiencia preparatoria de juicio del caso Las Torres arrancó a las 10:50 de este jueves 9 de diciembre del 2021, en la Corte Nacional de Justicia.  

Durante esa diligencia, la fiscal general, Diana Salazar, realiza la exposición de las 289 evidencias que se recabaron en contra de los 13 procesados de esta causa durante la fase de investigación.  

Todas esas personas están imputadas por su supuesta participación en el delito de delincuencia organizada. En esa lista está el excontralor Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores.  

Está previsto que, durante esta fase del proceso penal, la Fiscalía acuse de ese ilícito a los procesados y pida al juez Felipe Córdova que los llame a juicio.  

En la audiencia del miércoles 8 de diciembre, declaró que toda la investigación de Fiscalía es válida y que no se han cometido violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa

Luego la Fiscalía expuso las primeras seis evidencias, entre ellas, las pericias de las conversaciones obtenidas de los celulares de los imputados. “Esas conversaciones demuestran cómo operaba la estructura criminal, tanto con empresarios -a quienes se solicitaba el dinero-, como con los colaboradores –con quienes se coordinaba la gestión de esos recursos”, indicó la entidad.  

¿Cómo se configuró ese delito, según Fiscalía? 

Salazar asegura que los 13 implicados conformaron una estructura delictiva que operó entre el 2017 y 2020.  

Según las investigaciones, los presuntos miembros de esa estructura delictiva habrían actuado de forma concertada para beneficiarse del 20% del pago de una factura de USD 20,3 millones que Petroecuador adeudaba a la empresa Nolimit.  

Además, los indicios determinaron que los procesados también solicitaron una comisión del 15% de otro contrato de USD 35 millones relacionado con el proyecto La Libertad.  

La Fiscalía asegura que esos porcentajes fueron solicitados “bajo el liderazgo de Pablo Flores, Pablo Celi y el exsecretario de Presidencia José Agusto, con la participación de los procesados”. Este último falleció en la Cárcel 4, en mayo de este año. Por eso, para él se extinguió la acción penal.

Salazar dijo que los procesados se valieron de sus relaciones de amistad, confianza y parentesco para planificar y obtener beneficios económicos ilegales.  

La funcionaria aseguró que los imputados se comunicaban a través de Telegram para que se eliminen los mensajes y además utilizaban jerga criminal para evitar mencionar sus nombres reales.  “Así funcionan las estructuras criminales para tratar de no dejar evidencias“. 

Las pesquisas señalan que esta presunta estructura delictiva exigía sobornos Nolimit (empresa que oferta servicios petroleros) a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría, mantener contratos con Petroecuador y gestionar pagos pendientes.  

Las defensas de los procesados niegan estas acusaciones. Marcelo Ron, abogado de Pablo Celi, sostiene que su cliente no pidió ni se favoreció de pagos ilegales. 

En cambio, Pablo Encalada, abogado de Pablo Flores, indicó que terceras personas se han tomado el nombre de su cliente para perjudicarlo.  Además, aseguró que su defendido nunca pidió sobornos. 


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