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Juez analiza validez del proceso judicial del caso Las Torres

En el caso Las Torres hay 13 personas imputadas por presunta delincuencia organizada, entre ellas, el excontralor Pablo Celi. Foto: Twitter Fiscalía

La reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio del caso Las Torres está convocada para el miércoles 8 de diciembre del 2021, a las 11:00, en la Corte Nacional.

En esa diligencia, el juez Felipe Córdova decidirá si declara válida o nula toda la investigación que ha realizado la Fiscalía en este proceso judicial.

En este caso hay 13 personas imputadas por presunta delincuencia organizada, entre ellas, el excontralor Pablo Celi.

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en esta causa arrancó este martes 7 de diciembre del 2021. Durante esta cita, los abogados de los procesados aseguraron que durante la investigación Fiscalía cometió errores.

Por ejemplo, los juristas señalaron que las detenciones de algunos procesados habrían sido arbitrarias.

También indicaron que la Fiscalía no les notificó a los hoy procesados sobre el inicio de la investigación previa. Además, aseguraron que tuvieron dificultades para acceder al expediente.

En cambio, la Fiscalía rechazó esas acusaciones y aseguró que los fiscales del caso no cometieron violaciones al debido proceso ni al derecho a la defensa.

A las 18:24 de este martes 7 de diciembre, el magistrado suspendió la audiencia para analizar su decisión.

La Fiscalía indicó que el juez debe “deliberar sobre posibles vicios de procedimiento, prejudicialidad y competencia en este proceso judicial”.

Si declara válido el proceso, la Fiscalía detallará las evidencias recopiladas en la fase de instrucción fiscal y los abogados presentarán los elementos obtenidos para demostrar la inocencia de sus clientes. Finalmente, el magistrado debe decidir si llama o no a juicio a los implicados.

La condena por delincuencia organizada tiene una pena de siete a 10 años. Así lo establece el articula 369 del Código Integral Penal.

Según la fiscal general, Diana Salazar, los procesados conformaron una estructura delictiva para exigir a una empresa contratista de Petroecuador sobornos a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría, mantener contratos con la estatal petrolera y gestionar pagos pendientes.

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