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El tratamiento legislativo enfocado en frenar la captación de infantes por parte de bandas organizadas superó una fase decisiva en el la Asamblea Nacional. Con una votación unánime de siete votos favorables en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, la mesa legislativa aprobó el documento técnico que habilita el tratamiento del articulado en segundo debate, en el pleno. Este proyecto de ley orgánica reformatoria tiene como eje fundamental prevenir y sancionar el reclutamiento de menores, introduciendo modificaciones directas sobre 15 cuerpos normativos del ordenamiento jurídico nacional para salvaguardar la soberanía y la seguridad ciudadana.
Uno de los cambios más drásticos contenidos en el documento recae sobre el artículo 127 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La reforma amplía el alcance de las conductas penalizadas: junto a los verbos tradicionales “reclutar” y “enlistar”, se incorporan expresamente las figuras de “usar” y “utilizar” a infantes o jóvenes dentro de estructuras delictivas organizadas.
Para castigar esta práctica, la propuesta modifica la sanción privativa de libertad vigente —que oscila entre los 10 y 13 años de reclusión— y eleva la pena a un rango riguroso de 22 a 26 años de cárcel frente al reclutamiento de menores.
El documento legislativo estructura un componente técnico orientado a la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad en los barrios. La normativa involucra formalmente a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y a las juntas cantonales de protección de derechos para ejecutar planes comunitarios.
Entre las prioridades constan la vigilancia e intervención temprana en entornos digitales —plataformas donde operan redes de captación—, el diagnóstico de factores de riesgo social y el fortalecimiento de campañas preventivas destinadas a evitar el consumo de sustancias adictivas.
Para asegurar la restitución de los derechos de las víctimas y proteger a sus familias, el texto aprobado dispone un acompañamiento integral financiado por el Estado.
La iniciativa garantiza atención especializada y sin costo en materia de salud mental, el otorgamiento preferente de becas y ayudas económicas, y el impulso obligatorio de actividades formativas y recreativas mediante programas deportivos continuos. De forma paralela, el articulado fija el patrocinio legal gratuito para las víctimas que sufrieron las consecuencias directas por el reclutamiento de menores.
La propuesta legislativa consolida una intervención estructural que trasciende el ámbito penal ordinario al reformar 15 normativas de manera concurrente.
Entre los cuerpos legales modificados constan el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), la Ley Orgánica de Salud Mental y la Codificación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. A estos se suman la Ley de Seguridad Pública y del Estado y el Código Orgánico de la Función Judicial, blindando las facultades estatales para enfrentar las amenazas delictivas.
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