Grupos armados usan TikTok y Facebook para reclutar niños en Colombia
Un informe revela el uso de redes sociales, ofertas falsas y pagos para captar a menores en zonas rurales de Colombia.
Al menos 1 500 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados en Colombia desde 2021. Los casos aumentaron con fuerza a partir de 2023, mientras las redes sociales se convirtieron en una de las herramientas utilizadas para atraer a menores con ofertas engañosas y promesas de dinero, poder y prestigio.
Los datos constan en el informe “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá”, publicado este 24 de agosto de 2026 por Human Rights Watch (HRW). La organización concluyó que la respuesta del Estado colombiano no ha logrado prevenir el reclutamiento, proteger a las víctimas ni sancionar a los responsables.
La investigación, de 124 páginas, se basa en datos de la Defensoría del Pueblo, 184 entrevistas y reuniones con víctimas, funcionarios, trabajadores humanitarios, líderes indígenas, defensores de derechos humanos y organizaciones dedicadas a la protección de la infancia.
Disidencias de las FARC concentran la mayoría de los casos
Las disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habrían sido responsables del 74% de los casos documentados por la Defensoría del Pueblo entre 2021 y 2025. El Estado Mayor Central aparece como la estructura implicada en la mayor cantidad de reclutamientos.
El Cauca concentra cerca del 57% de los casos registrados en el país. Este departamento del suroccidente colombiano es escenario de disputas entre organizaciones armadas por el control territorial y las economías ilegales, incluida la producción de coca.
La población indígena enfrenta una afectación desproporcionada. Casi la mitad de las víctimas documentadas pertenece a pueblos indígenas, aunque estos representan alrededor del 4% de la población colombiana.
Más del 30% de los niños y adolescentes reclutados tenía entre 10 y 14 años. El Estatuto de Roma establece que reclutar a menores de 15 años para utilizarlos en hostilidades puede constituir un crimen de guerra.
Las niñas representaron aproximadamente el 40% de los casos y enfrentan un riesgo particular de violencia sexual dentro de las estructuras armadas.
Redes sociales, escuelas y falsas ofertas de trabajo
Los grupos armados se aprovechan de la pobreza, la violencia doméstica, la exclusión social y las dificultades para acceder a la educación. A los menores les ofrecen dinero, reconocimiento, armas, teléfonos celulares o una supuesta oportunidad de mejorar sus condiciones de vida.
HRW encontró que algunos reclutadores civiles reciben hasta 1 000 dólares por cada niño o adolescente que incorporan a una organización. También documentó casos ocurridos en escuelas rurales y residencias estudiantiles.
Las plataformas digitales adquirieron un papel central. Según datos citados por la organización, el 44% de los niños, niñas y adolescentes reclutados durante 2025 habría sido contactado mediante redes sociales.
Los investigadores revisaron más de 70 cuentas y 40 publicaciones en Facebook y TikTok. Parte del contenido mostraba armas, uniformes, dinero, entrenamientos y actividades cotidianas con las que se presentaba de forma atractiva la vida dentro de los grupos.
Colombia: Crece el reclutamiento de niños y niñas por grupos armados https://t.co/ocYnVJKGRs
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) August 24, 2026
También detectaron ofertas laborales falsas, invitaciones directas para integrarse a las estructuras y mensajes que conducían a conversaciones privadas. En algunas publicaciones se empleaban emojis para identificar a determinadas organizaciones o solicitar nuevos integrantes.
Meta, propietaria de Facebook, y ByteDance, responsable de TikTok, informaron a HRW que sus políticas prohíben el contenido que apoya o promueve organizaciones violentas. Las compañías aseguraron que eliminaron los perfiles señalados durante la investigación.
Niños utilizados en vigilancia, narcotráfico y acciones armadas
Después del reclutamiento, los menores suelen ser trasladados lejos de sus comunidades para romper sus vínculos familiares, aumentar su aislamiento y dificultar una eventual fuga.
Algunos reciben entrenamiento militar. Otros son utilizados como mensajeros, informantes, vigilantes, encargados de brindar atención médica, custodios de rehenes o guardaespaldas de comandantes.
El informe también identificó su participación en actividades de narcotráfico, microtráfico, extorsión y sicariato. Los grupos entregan regalos, alimentos o pequeños pagos para generar dependencia y fortalecer el vínculo de los menores con la estructura.
Quienes intentan escapar pueden sufrir castigos, amenazas o ejecuciones. HRW recordó casos en los que adolescentes indígenas fueron asesinados después de abandonar organizaciones armadas.
Solo el 0,2% de las denuncias terminó en condena
La respuesta judicial es uno de los puntos más críticos del informe. Durante la última década, aproximadamente el 1% de las denuncias por reclutamiento derivó en una investigación penal y apenas el 0,2% terminó en una condena.
La mayoría de las sentencias alcanzó a autores materiales o integrantes de bajo rango, pero no a los máximos responsables. Human Rights Watch solo identificó una condena contra comandantes acusados de ordenar el reclutamiento de menores.
La organización también advirtió que la política pública aprobada en 2018 está desactualizada, carece de un plan de acción claro y no cuenta con un presupuesto específico. Los gobiernos municipales y departamentales enfrentan limitaciones de recursos y personal para atender a las comunidades en riesgo.
Además, los programas de reintegración tratan de manera distinta a las víctimas según la clasificación del grupo que las reclutó. Los menores desvinculados de estructuras reconocidas como parte del conflicto armado acceden a programas especializados y reparaciones, mientras quienes fueron utilizados por organizaciones delictivas pueden quedar fuera de esos mecanismos e incluso ser procesados penalmente.
Ante las deficiencias estatales, las guardias indígenas y otras organizaciones comunitarias han intervenido para prevenir reclutamientos y rescatar a menores. Esa labor ha provocado amenazas y asesinatos de sus integrantes.
HRW pidió al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella fortalecer las instituciones locales, financiar los programas de prevención y apoyar a las comunidades indígenas. También reclamó a las plataformas digitales medidas más eficaces para detectar y frenar el contenido utilizado con fines de reclutamiento.
“Cada niño reclutado es una muestra del fracaso del Estado”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Grupos armados reclutan menores por medio de Tik Tok y Facebook en Colombia; preguntas frecuentes
Al menos 1 500 menores fueron reclutados desde 2021, según el informe publicado por Human Rights Watch.
Los casos aumentaron con fuerza desde 2023 y el Cauca concentra cerca del 57 % de los registros documentados.
Las disidencias de las FARC habrían sido responsables del 74% de los casos documentados por la Defensoría del Pueblo entre 2021 y 2025.
El Estado Mayor Central aparece como la estructura implicada en la mayor cantidad de reclutamientos.
Los grupos armados emplean Facebook, TikTok y otras plataformas para mostrar armas, dinero, uniformes y una imagen atractiva de la vida dentro de sus estructuras.
Según los datos citados en el informe, el 44% de los menores reclutados durante 2025 habría sido contactado mediante redes sociales, incluso mediante falsas ofertas laborales y mensajes privados.
Los menores pueden ser utilizados como mensajeros, informantes, vigilantes, guardaespaldas, custodios de rehenes o encargados de tareas médicas.
El informe también documenta su participación en narcotráfico, microtráfico, extorsión, sicariato y acciones armadas.
Durante la última década, aproximadamente el 1% de las denuncias derivó en una investigación penal y apenas el 0,2% terminó en una condena.
La mayoría de las sentencias alcanzó a autores materiales o integrantes de bajo rango, mientras que solo se identificó una condena contra comandantes acusados de ordenar reclutamientos.
