Informe de Comisión para la Verdad analizó ejecuciones extrajudiciales en paro de octubre del 2019 y habla de posible lesa humanidad
La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia entregó al Defensor del Pueblo el informe sobre las protestas de octubre del 2019 el 17 de marzo del 2021. Foto: Twitter Defensoría del Pueblo
“Las autoridades judiciales deben poner énfasis en el análisis de evidencias que podrían configurar el elemento de ‘ataque generalizado’ contra la población y que conduzcan al análisis de un posible crimen de lesa humanidad”. Este texto se recoge como parte de las conclusiones que la Comisión Especial para la Verdad y Justicia (CEVJ), encargada de investigar el alcance de las protestas de octubre del 2019, presentó en su informe este 17 de marzo del 2021 en Quito.
El documento de 272 páginas es “un análisis de los elementos del crimen de lesa humanidad a la luz de los hechos ocurridos durante los días del paro de octubre de 2019”, que será entregado a la Fiscalía General del Estado y “autoridades jurisdiccionales competentes para que, de encontrar los indicios penales, proceda con la judicialización”.
Los representantes de la CEVJ, Sybel Martínez y Juan Carlos Solines, entregaron el informe al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, en un acto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El documento concluye que durante las manifestaciones en contra del régimen del presidente Lenín Moreno se registraron seis ejecuciones extrajudiciales y señala como perpetradores a agentes estatales.
- Marco Oto, con discapacidad física.
- José Daniel Chaluisa.
- Édison Mosquera.
- Inocencio Tucumbi.
- Édgar Yucailla.
- G.A. (reserva de identidad por ser adolescente).
La Comisión identificó otras seis muertes en las que no habrían participado agentes estatales, pero que se produjeron en el contexto del paro nacional:
- Raúl Chilpe.
- Francisco Quiñónez Montaño.
- Silvia Mera Mónica Castro.
- K.F. (adolescente)
- Abelardo Vega.
Respecto a los nombres José Rodrigo Chaluisa y Édwin Bolaños, reportados por la Defensoria del Pueblo, la CEVJ indicó que “no logró obtener más información”.
La Comisión investigó los hechos ocurridos desde el 3 hasta el 16 de octubre del 2019, durante y después de las protestas que se iniciaron para exigir al régimen de Lenín Moreno la derogatoria del Decreto Ejecutivo 883, que eliminaba los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís y al diésel.
Según el informe de la CEVJ, el Estado ecuatoriano “violentó gravemente los derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal”. Además, lo ocurrido tiene un impacto directo sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia.
El trabajo para levantar este informe comenzó el 21 de noviembre del 2019. Desde entonces se recogieron 249 testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos. De ese número se desprende que 189 habrían sido perpetradas por personal de la Policía Nacional, lo que corresponde al 75%, y 34 por personal de las Fuerzas Armadas (13%). Se estableció que al menos 26 personas de entidades públicas “no habrían actuado conforme a sus competencias”.
El informe contiene testimonios, infografías, fotografías, referencias a versiones de las víctimas entregadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, notas de prensa, entre otros insumos.
Respecto a violaciones a los derechos humanos, la Comisión analizó cada caso y obtuvo estos resultados: 123 violaciones al derecho a la integridad personal, 38 violaciones al derecho a la libertad, 22 atentados contra el derecho a la vida, 20 lesiones oculares, seis ejecuciones extrajudiciales, tres casos de violencia sexual.
Además, la CEVJ registró que 81 personas refirieron afectaciones psicológicas y 22 presuntos actos de persecución política.
Por otro lado, se recabaron 192 testimonios de integrantes de la Policía Nacional y 55 de personas civiles que relataron haber sido afectadas por actos de otras personas también civiles. 23 personas –entre ellas representantes de instituciones– “relataron sus impresiones del paro nacional de octubre 2019”, señaló la Comisión.
Una de las recomendaciones de la Comisión al Estado es “remover todos los obstáculos de facto y de jure para judicializar las violaciones de derechos humanos como la privación ilegal de la libertad, tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, violencia sexual y ejecución extrajudicial”.
La CEVJ también exhortó al Estado para que las investigaciones penales se cumplan con los estándares internacionales de protección de derechos humanos en todos los casos. “Las investigaciones deben ser independientes de las presuntas y los presuntos responsables y de las unidades, instituciones u organismos a las que pertenezcan”.
La Comisión señaló que las investigaciones de homicidios presuntamente relacionados con personal de las fuerzas del orden, por ejemplo, se deben llevar a cabo “sin ninguna influencia indebida que pueda derivarse de las jerarquías institucionales y cadenas de mando”.
Además, en el informe se recomienda a la Fiscalía que realice un peritaje sobre los efectos que podría producir en la salud los componentes químicos de una bomba caducada. También requirió que el Estado, en caso de establecerse su responsabilidad legal dentro de los procesos judiciales en marcha, restituya a las víctimas en sus derechos o compense a las víctimas por los perjuicios sufridos.
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