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La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Diego M. por su presunta responsabilidad en la comercialización de explotación sexual infantil con utilización de niñas, niños y adolescentes (NNA). El caso se originó a partir de una alerta internacional sobre la descarga y el almacenamiento de material de explotación sexual infantil.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal presentó los elementos de convicción que reunió durante las primeras diligencias. Tras escuchar los argumentos de las partes procesales, el juez ordenó prisión preventiva para el sospechoso.
La investigación se concentra en un inmueble del sector Los Esteros, en Manta, provincia de Manabí, donde la Policía Nacional ejecutó un allanamiento como parte de las actuaciones iniciales.
El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) emitió la alerta que permitió iniciar las diligencias fiscales. El reporte advirtió sobre la descarga y el almacenamiento de archivos con material gráfico inapropiado.
A partir de esa información, la Fiscalía solicitó las primeras actuaciones investigativas, entre ellas la intervención en la vivienda ubicada en Los Esteros.
Durante el procedimiento, los agentes encontraron varios equipos electrónicos que, según la información preliminar de la Policía Nacional, contenían archivos con material de connotación sexual. Los investigadores deberán determinar el contenido de esos dispositivos y su relación con los hechos bajo investigación.
Entre los indicios que constan en el expediente figuran una unidad central de procesamiento (CPU), una tableta, un teléfono móvil y una memoria USB.
Estos dispositivos permanecen bajo cadena de custodia y pasarán por pericias técnicas. Los análisis permitirán examinar los archivos, establecer su naturaleza y obtener nuevos elementos para el proceso penal.
La Fiscalía también presentó como sustento la alerta del NCMEC, las versiones de los policías que participaron en el allanamiento y la detención, además del informe de inspección ocular técnica y levantamiento de evidencias en el inmueble.
Después de la recopilación inicial de indicios, la Policía ejecutó una orden de detención contra Diego M. Los agentes lo trasladaron ante la autoridad competente para el desarrollo de la audiencia.
Al finalizar la audiencia, el juez dispuso el inicio de la instrucción fiscal por un plazo de 90 días. Durante esta etapa, la Fiscalía podrá practicar diligencias adicionales y profundizar el análisis de los indicios que constan en el expediente.
La prisión preventiva constituye una medida cautelar dentro del proceso y no equivale a una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal del procesado deberá determinarse conforme al procedimiento judicial y a las pruebas que se presenten.
El artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena privativa de libertad de 10 a 13 años para el delito de comercialización de contenido con utilización de niñas, niños o adolescentes.
La aplicación de esa sanción depende de la determinación judicial de la responsabilidad y de las circunstancias que establezca el proceso.
Por ahora, la investigación busca esclarecer los hechos, examinar los dispositivos electrónicos y establecer si los indicios recabados sustentan la acusación fiscal.
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