La Fiscalía abrió una investigación previa, de oficio, por el presunto delito de terrorismo tras el ataque que sufrió la tarde del 22 de junio del 2022 en sus instalaciones centrales, en Quito.
Esa entidad calificó este hecho como un “atentado” y aseguró que la mayor cantidad de afectaciones sufrieron las unidades fiscales de Tránsito de Pichincha.
De hecho, un grupo de encapuchados ingresaron a esas unidades y sustrajeron documentos y equipos. El hecho se dio mientras se desarrollaba una manifestación en la av. Patria y Juan León Mera, en el décimo día de movilizaciones.
Pese al control en el sector por parte de policías y militares, varias personas ingresaron al edificio de la planta central de la institución y causaron destrozos. Así se evidencia en imágenes y fotos difundidas por redes sociales.
Un grupo de personas impactó objetos contundentes hacia ventanales y principales ingresos de la Fiscalía. “A pesar de haber sido bloqueados los accesos no lograron contener la violenta irrupción de varias personas, quienes ingresaron a las unidades fiscales de Tránsito. Allí se sustrajeron documentación, que fue incinerada en la vía pública”, relató la institución a través de un comunicado.
En las protestas del 2019 ocurrió algo similar, sin embargo, en esa ocasión el blanco de ataque fue la Contraloría General del Estado, en Quito.
Ese hecho ocurrió el 12 de octubre del 2019. Ese día, un grupo de personas ingresaron al edificio, destruyendo cámaras, mobiliario e incendiaron las instalaciones.
Detenido
A las 20:30, del 22 de junio del 2022, La Policía informó sobre la detención de un hombre en Quito. Según las primeras investigaciones, él estaría involucrado en el ataque a las instalaciones. Él fue identificado por los videos que registraron el hecho.
Durante la aprehensión se decomisaron evidencias. Los agentes se incautaron de una computadora y de un CPU de propiedad de la Fiscalía.
Tras la captura, la entidad investigadora procesó a ese sospechoso del presunto delito de terrorismo. Ese delito es sancionado de 10 a 13 años de cárcel. Así lo establece el artículo 366 del Código Integral Penal (COIP).
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía solicitó al juez que dicte prisión preventiva en contra del imputado. Sin embargo, el magistrado no aceptó ese pedido.
En cambio, el juez ordenó que el procesado se presente periódicamente ante una autoridad judicial y también la prohibición de salida del país.
La instrucción fiscal o fase de investigación pública durará 30 días. En ese tiempo los agentes podrán recopilar más evidencias que se incluirán en el expediente judicial.