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20 grandes casos de corrupción están en proceso en Ecuador

El lunes 10 de junio del 2019, la fiscal General del Estado Diana Salazar asistió a la audiencia por el caso Singue. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

El lunes 10 de junio del 2019, la fiscal General del Estado Diana Salazar asistió a la audiencia por el caso Singue. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

El lunes 10 de junio del 2019, la fiscal General del Estado Diana Salazar asistió a la audiencia por el caso Singue. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

La lista es larga: caso Odebrecht, Petroecuador, Singue, Petrochina, INA Papers, aportes ilegales a la campaña de Alianza País, etc. La Fiscalía identificó 90 procesos abiertos y los agrupó en 20 casos de corrupción, que conmocionan al Ecuador (ver cuadro adjunto).

En todos están investigados funcionarios del correísmo y de la actual administración.

De hecho, solo Rafael Correa y su exvicepresidente Jorge Glas están señalados en 26 expedientes. Entre esos constan, por ejemplo, peculado, delincuencia organizada, cohecho, concusión, tráfico de influencias, lavado, falsificación de firmas, asociación ilícita.

El último caso en el que se menciona al exmandatario tiene relación con el delito de concusión, en el que están procesados su exministra María de los Ángeles Duarte y su exsecretario jurídico Alexis Mera.

Dentro de esta indagación, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, pidió que Correa comparezca a las 08:00 de este jueves 13 de junio, a través de videoconferencia.

Este llamado se produce luego de que su exasesora Pamela Martínez, detenida por el caso Arroz Verde, dijera, en su testimonio, que el exjefe de Estado le ordenó elaborar una contabilidad paralela de los gastos reportados durante la campaña de Alianza País, en el 2013.

Además, aseguró haber recibido las contribuciones económicas de contratistas estatales y de empresas como Odebrecht y que ese dinero le hizo llegar a Duarte y Mera, a través de sus entonces asesores.

Uno de los colaboradores de Duarte fue convocado ayer miércoles 12 de junio para que entregara información.

El exvicepresidente Jorge Glas también fue llamado, para que rindiera su versión libre y voluntaria, pero no acudió.

Su abogado Harrison Salcedo dijo a este Diario que su cliente no fue trasladado a Quito por motivos de seguridad y que la diligencia se reprogramará para que comparezca desde la cárcel de Cotopaxi, en donde está recluido.

En su declaración, Martínez aseguró que por orden de Glas recibió sobres con dinero de parte de Geraldo de Sousa, quien era representante de Odebrecht en el Ecuador.

Por eso, la fiscal Salazar pidió a esa constructora que envíe un informe en el que se explique las funciones y el tiempo que trabajaron en esa empresa Geraldo de Sousa y José Conceição Santos. La solicitud fue remitida el 7 de junio.

Esa misma fecha, la Fiscalía dio cinco días, para que Odebrecht certifique qué contratos ha tenido con el Estado ecuatoriano entre el 2012 y el 2019. El plazo para que se remitan estos datos venció ayer 12 de junio y se debía incluir el concepto del contrato, el monto de la adjudicación y el cumplimiento de los entendimientos.

De la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), en cambio, se requirió un informe de movimientos financieros de Mera y Duarte. Y a través de asistencia penal internacional se acudió a Estados Unidos y a Reino Unido para conocer los trámites bancarios de ambos exfuncionarios en esos países.

La Fiscalía también convocó al exasambleísta Christian Viteri, pero el martes 11 de junio pidió que se reprograme la diligencia. En cambio, Ricardo Patiño deberá rendir su versión este jueves en las oficinas fiscales de Quito.
La Fiscalía dijo que avanza en el trabajo y que la idea es reducir la impunidad en el país.

Según la entidad, los agentes no persiguen personas, sino hechos y que en el caso Ina Papers se han realizado 20 diligencias, como la toma de versiones, solicitud de información a Sinohidro, pedidos de información bancaria, solicitud al SRI y a la UAFE.

El caso estalló luego de que se denunciara una supuesta compra de bienes con empresas offshore’ y se señalara al presidente Lenín Moreno.

Otro caso que está en la Fiscalía tiene que ver con presuntas irregularidades en las pruebas rápidas para detectar VIH. Allí se rastrea un posible delito de fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados.

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