Germán Cáceres, quien confesó haber matado a su esposa María Belén Bernal, se sometió a una nueva diligencia investigativa este viernes 13 de enero de 2023.
Funcionarios de Fiscalía acudieron a la cárcel de La Roca, donde el exteniente de Policía se encuentra recluido, para tomar su versión dentro de la investigación por el presunto delito de fraude procesal relacionado con el caso María Belén Bernal.
La Fiscalía abrió esa investigación de fraude procesal para determinar si hubo o no encubrimientos en la investigación de la muerte de Bernal.
Además, las pesquisas buscan determinar si Cáceres tuvo ayuda de otros policías o superiores para huir del país el 14 de septiembre de 2022, tres días después de haber matado a Bernal en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía de Quito.
Cáceres pasó más de tres meses prófugo de la justicia. Hasta que el 30 de diciembre de 2022, fue detenido en una playa de Palomino, en Santa Marta, Colombia.
Luego fue expulsado del vecino país y llegó a Ecuador, bajo custodia policial. Desde entonces permanece recluido en La Roca, una cárcel de máxima seguridad, ubicada en Guayaquil.
La confesión de Germán Cáceres
Precisamente, el 12 de enero de 2023, en ese centro carcelario, el exteniente Germán Cáceres confesó a la Fiscalía que estranguló a su esposa María Belén Bernal y la mató. Esas declaraciones la dio durante su ampliación de versión dentro de la investigación por el delito de femicidio.
El abogado de la familia de la víctima contó que Cáceres habría reconocido ser autor del femicidio de su esposa. El exoficial reconoció que mató, sacó el cadáver de la Escuela Superior de Policía y enterró a su pareja por su cuenta, sin ninguna ayuda.
¿Qué implica y cómo se sanciona el delito de fraude procesal?
El fraude procesal se configura cuando una persona, con el fin de inducir al engaño a un juez, “oculte pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas”. Esto se aplica en procedimientos civiles, administrativos y penales.
Según el artículo 272 del Código Integral Penal (COIP), ese ilícito es sancionado con cárcel de uno a tres años.
“Con igual pena será sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción para evitar su represión”, señala la normativa penal.
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