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El expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo Bucaram fueron sentenciados, la noche del miércoles 9 de septiembre de 2026, a la pena máxima agravada de 9 años y 4 meses de privación de la libertad. La Fiscalía General del Estado señaló a padre e hijo como colaboradores del delito de delincuencia organizada, en el caso Pruebas covid-19.
Para el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT), Leandro B., el Tribunal de Garantías Penales dictó una pena de trece años y cuatro meses. Sheinman O., recibió una condena reducida de dos años y ocho meses. Los dos últimos procesados fueron acusados como autores directos.
Según las investigaciones realizadas por más de cinco años, Abdalá, Jacobo Bucaram, y dos personas más comercializaron ilegalmente 21 000 pruebas para detectar Covid-19 durante la emergencia sanitaria de la pandemia. Esto habría ocurrido entre marzo y agosto de 2020.
A esta actividad se sumó la presunta comercialización de mascarillas, lancetas, guantes de nitrilo, entre otros insumos médicos.
Según la Fiscalía, todo esto se hizo: sin registro único de contribuyentes, incumpliendo obligaciones tributarias y sin autorización para ejercer dicha actividad.
“Los acusados conformaron una estructura delictiva organizada que, de forma reiterada y concertada, cometió delitos relacionados con enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, peculado de uso y falsificación de documentos públicos”, refiere la Fiscalía.
La Fiscal sostuvo que se probó que la organización delictiva tuvo como finalidad obtener beneficios económicos y de orden material, “aprovechándose de la emergencia sanitaria originada por la pandemia”.
Este agravante fue tomado en cuenta por el Tribunal al momento de emitir el fallo condenatorio.
En este caso fueron presentados más de 100 elementos de prueba, que incluyeron
peritos, testigos y documentos. Además se habría contado con una cooperación eficaz.
Según la Fiscal del caso, las 21 000 pruebas fueron adquiridas por 321 000 dólares en efectivo, suma que no habría sido justificada por los acusados.
Este dato habría sido compartido en la versión de Shy D.. Días después, el extranjero, quien también era investigado en esta causa, fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral.
La Fiscalía sostiene que, para trasladar estos insumos desde Quito a Guayaquil, la presunta organización movilizó bienes y agentes de la AMT. Uno de ellos es Leandro B., quien habría custodiado y brindado seguridad a Sheinman O. y Shy D. (+).
“Estos últimos trasladaron las pruebas hasta el domicilio de Abdalá B. O., en Guayaquil. Él, a más de las pruebas de Covid-19, almacenó otros insumos médicos como mascarillas y lancetas para obtener muestras de sangre”, menciona la Fiscalía.
Las investigaciones incluyen pericias de audio, video y afines, en donde se mostrarían a los agentes de la AMT, con uniformes de esa institución, en reuniones con los procesados Sheinman O. y Shy D.
Según la Fiscalía, durante estos encuentros se movilizaban en vehículos de alta gama, simulando ser agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA por sus siglas en inglés) o personal diplomático.
Estos encuentros fueron captados en videos de cámaras de seguridad, que también se periciaron y presentaron como prueba ante el Tribunal de Garantías Penales.
Las fotos extraídas y materializadas de los teléfonos celulares de los procesados, los mostraría movilizando las cajas con las 21 000 pruebas. “Entre esas fotografías, consta una de Jacobo B. P. recibiendo los insumos médicos”, refiere la institución.
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