Cuatro personas son procesadas por la Fiscalía General del Estado por el supuesto delito de extorsión y se habla de Los Tiguerones. Personal de la Unidad de Investigación, Antisecuestro y Extorsión (Unase) interceptó a uno de los implicados y luego al resto, en Guayas. Ellos posiblemente están relacionados con Los Tiguerones.
Una mujer era amedrentada y recibía mensajes extorsivos. A través de estos le exigieron una suma de dinero para no atentar contra la vida de ella y la familia.
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Fiscalía, presuntos integrantes de Los Tiguerones y extorsión
La aprehensión se dio el domingo, 26 de enero de 2025, en el cantón Santa Lucía. Y este 27 de enero, la Fiscalía informó que el parte del procedimiento indicó que la mujer denunció el hecho.
Ella indicó que recibió mensajes extorsivos en el celular desde diciembre de 2024. Los involucrados le pedían 10 000 dólares.
Ellos le fijaron un punto de encuentro: una gasolinera. El plazo para cumplir con la entrega del rubro fue de 24 horas.
¿Lograron recibir el dinero?
La mujer entregó el dinero en un sobre a un conductor de motocicleta que esperaba en el lugar. Los agentes de la Unase interceptaron al hombre.
Él aceptó su participación en los hechos. El resto de la banda lo esperaba en el parque central de Santa Lucía.
Los efectivos también aprehendieron a los otros miembros de la agrupación. La Fiscalía indicó que, de acuerdo con información de inteligencia policial, pertenecerían al grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones.
La calificación de la flagrancia
La entidad de justicia, además, detalló que entre las evidencias se cuentan una motocicleta, un vehículo, documentos de identificación, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Los dispositivos fueron ingresados a la cadena de custodia de la Policía Judicial.
Los implicados recibieron prisión preventiva. Se trata de Néstor M. B., Héctor C. V., Luis V. A. y José S. C. El caso se procesa según el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de extorsión con una pena privativa de libertad de siete a 10 años.
El Magistrado a cargo del caso, a su vez, definió medidas de protección para la víctima. En estas se incluye la prohibición de que los procesados se acerquen a la mujer o a sus familiares, ni intimidación a través de terceros.
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