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La Fiscalía pidió ratificar la prisión preventiva para Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, y otros seis procesados que solicitaron la sustitución de medidas cautelares, este miércoles 23 de septiembre de 2026, en la audiencia del caso Blindado, que investiga el supuesto delito de lavado de activos.
La audiencia de sustitución de medidas cautelares en el caso Blindado se instaló este miércoles en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, y seis procesados más por el supuesto delito de lavado de activos solicitaron medidas sustitutiva a la prisión preventiva que pesa en su contra.
Mientras que, el fiscal general, Carlos Alarcón, pidió ordenar la prisión preventiva para Carlos Vinicio A. T., uno de los jueces de Esmeraldas procesados en esta causa, que se defiende en libertad, por incumplir la medida sustitutiva.
Tras la argumentación de los procesados sobre las medidas sustitutivas, la Fiscalía General del Estado solicitó a la jueza de la CNJ, Daniella Camacho, ratificar la prisión preventiva en contra de Vicko Villacís y los otros seis procesados.
La audiencia está suspendida y está previsto que se reinstale este jueves.
Fiscalía investiga un esquema de lavado de activos que habría movilizado alrededor de 9 millones de dólares mediante la manipulación del sistema judicial.
Según la investigación, el dinero en efectivo era trasladado en vehículos blindados.
La investigación previa, a cargo de la Fiscalía de Fuero Provincial de Pichincha, comenzó en noviembre de 2025 a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Según la Fiscalía, los elementos recabados durante la investigación evidenciarían la existencia de una estructura criminal presuntamente organizada para obtener de manera sistemática y aprovechar indebidamente fondos estatales.
El monto identificado habría terminado, de acuerdo con la hipótesis fiscal, en el círculo cercano del alcalde de Esmeraldas, en empresas vinculadas, cuentas en el exterior y mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
La causa se investiga por el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Los primeros procesados fueron:
Los ocho fueron procesados inicialmente por el presunto delito de lavado de activos. En junio de 2026, luego de la formulación de cargos, un juez dispuso prisión preventiva para los ocho procesados.
La causa posteriormente incorporó a otras personas y compañías. El 1 de septiembre de 2026, la Fiscalía formuló cargos contra cinco jueces provinciales de Esmeraldas, un juez multicompetente de Atacames, un particular y tres empresas vinculados al caso.
Según la Fiscalía, con estas vinculaciones sumaron 15 personas naturales procesadas y se incorporaron tres personas jurídicas a la causa.
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