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Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, fue trasladado a una cárcel luego de que una jueza dictara orden de prisión preventiva en su contra la noche del 4 de junio de 2026. Esta medida se enmarca dentro de un proceso en el que la Fiscalía investiga el presunto delito de lavado de activos.
Las autoridades detuvieron a Vicko Villacís y a siete implicados más en la madrugada del 3 de junio, durante un operativo realizado en las provincias de Sucumbíos, Santa Elena, Esmeraldas y Pichincha.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la Policía ejecutó este operativo contra una presunta estructura dedicada al lavado de activos.
Según las investigaciones, esta red habría operado a través de empresas vinculadas al alcalde.
La jueza dispuso como medidas cautelares contra Vicko Villacís y siete personas más la prisión preventiva.
Además, recordó que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) se encarga de asignar la cárcel correspondiente.
Este viernes, el ministro Reimberg señaló que los implicados fueron trasladados a la cárcel de Cotopaxi y descartó un traslado a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
La intervención se desarrolló después de doce meses de investigaciones coordinadas entre la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Las autoridades señalaron que la indagación apunta a una red que habría obtenido aproximadamente 17 millones de dólares de origen presuntamente ilícito. La instrucción fiscal durará 90 días.
Según la investigación, la empresa Reypezpacific S.A., donde Villacís mantiene el 98% de participación accionaria, registraría vínculos con personas y compañías investigadas por presunto lavado de activos.
Entre ellas figura Pezymar Export S.A.S., actualmente procesada por este delito.
La UAFE identificó una serie de operaciones financieras que forman parte del proceso investigativo. Estas incluyen:
A pesar de estos movimientos financieros, los ingresos reportados al Servicio de Rentas Internas (SRI) alcanzarían cerca de 252 mil dólares.
El operativo movilizó a 200 servidores policiales y 14 fiscales. En total se ejecutaron 18 allanamientos distribuidos en cuatro provincias:
Como resultado del operativo fueron detenidas ocho personas con fines investigativos:
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