Desde hace tres días, la Fiscalía investiga una presunta defraudación tributaria en contra del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
El Código Penal establece una pena de uno a cinco años de cárcel a quien “simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos en provecho propio o de un tercero”.
Actualmente este caso se encuentra en la primera fase del proceso penal y por lo tanto es reservado.
La Fiscalía tiene un año plazo para indagar y descubrir si existe o no un delito. Así lo establece el artículo 585 del Código Integral Penal. Allí se menciona que en los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años de cárcel, la investigación previa durará un año.
En ese tiempo, la Fiscalía debe reunir indicios “para determinar si la conducta investigada es delictuosa”, dice la normativa penal. Si esa entidad reúne suficientes elementos de convicción, que demuestren que se perpetró el delito, se podrá formular cargos en contra del Primer Mandatario.
En cambio, si esta entidad no encuentra indicios que demuestren que hubo un ilícito, la indagación se archivará.
Investigación, a cargo de Diana Salazar
Como Guillermo Lasso es el presidente de la República tiene fuero de Corte Nacional, por lo tanto, la fiscal general, Diana Salazar, es quien lleva adelante las pesquisas. Si se llega a una formulación de cargos, será un juez nacional quien tramite la causa.
Este proceso de investigación se relaciona con los Pandora Papers. El 6 de octubre del 2021, el excandidato presidencial Yaku Pérez presentó una denuncia contra el Jefe de Estado para que se rastree sus movimientos financieros y sus pagos de impuestos.
Revelaciones del ICIJ
Los Pandora Papers son una filtración de archivos entregados hace casi dos años al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). En esa información consta el nombre de Guillermo Lasso.
Según esa investigación periodística, Lasso controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró luego de que el gobierno de Rafael Correa aprobara una ley que prohibía a los candidatos presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.
Hasta el momento, el Primer Mandatario no se ha pronunciado sobre el inicio de esta investigación.
Sin embargo, días atrás, él explicó que “al crearse la ley del 2017 que impide a candidatos tener inversiones en el exterior, me deshice automáticamente de las empresas, de manera fulminante, sin ningún tipo de protestas, demora u objeción”, dijo Lasso.
Además, él indicó que desde el 2005 hasta el 2020 ha pagado USD 588 millones por impuestos personales y de sus empresas.
¿Qué pasaría si Lasso llega a ser sentenciado?
El abogado constitucionalista Ismael Quintana explica que el Presidente perdería sus derechos políticos y ya no podría ejercer su cargo público.
El jurista dice que para que se de ese escenario se requeriría una sentencia ejecutoriada, es decir, que la condena se ratifique en tres instancias judiciales.
El artículo 64 de la Constitución del Ecuador detalla que se suspenderán los derechos políticos de un funcionario público mientras dure una sentencia ejecutoriada.
