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Fiscalía pide fecha para vincular penalmente al exgerente de Petroecuador Pablo Flores al caso en el que es indagado Pablo Celi

El presidente Lenín Moreno firmó el Decreto que constituye la nueva empresa Petroecuador. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

El presidente Lenín Moreno firmó el Decreto que constituye la nueva empresa Petroecuador. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Imagen referencial. Pablo Flores estuvo al frente de Petroecuador desde agosto del 2018 hasta septiembre del 2020. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Este 28 de abril del 2021 se conoció que Fiscalía pidió al juez nacional Felipe Córdova que fije fecha y hora para vincular a cinco personas más al caso Las Torres, entre ellas al exgerente de Petroecuador Pablo Flores y su padre el exministro de Economía Marco Flores.

En este caso ya hay nueve procesados por presunta delincuencia organizada.

En esa lista está el contralor Pablo Celi y el exsecretario de Presidencia José Agusto Briones.

Ellos se encuentran con prisión preventiva en la cárcel 4, en Quito.

Dentro de este proceso judicial se investiga una estructura delictiva que habría exigido sobornos a la empresa Nolimit a cambio de desvanecer cinco glosas en la Contraloría General por USD 13 millones y también para mantener contratos con Petroecuador.

Según las investigaciones, Raúl de la Torre, sobrino del contralor Celi, era el intermediario para solicitar las coimas.

Pablo Flores rindió su versión ante Fiscalía este 28 de abril del 2021. Su comparecencia se inició a las 11:00 y la realizó de forma telemática.

Él estuvo al frente de Petroecuador desde agosto del 2018 hasta septiembre del 2020.

En su testimonio, el exfuncionario negó haber solicitado o recibido pagos en efectivo o transferencias de Nolimit, a través de Raúl de la Torre, quien trabajó desde el 2018 en Petroecuador. También dijo que no ha cometido ningún delito.

Sin embargo, en su versión, Flores admitió haber recibido presiones de José Agusto Briones para mantener en el cargo a De la Torre.

El abogado de Flores, Pablo Encalada, aseguró que durante la audiencia de vinculación pedirá al juez que se dicten medidas alternativas a la prisión preventiva a favor de su cliente, como la presentación periódica ante una autoridad judicial y la prohibición de salida del país.

Desde el 14 de abril del 2021 cuando las nueve personas fueron procesadas, el magistrado dispuso que la fase de investigación pública o instrucción fiscal dure 90 días.

Luego de que se realice la vinculación de las cinco personas se sumarían 30 días más. En ese tiempo, los agentes podrán recopilar más evidencias.

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