Fiscalía está tras la pista de cuatro contratos de la Prefectura del Guayas
Así llegó la mañana de ayer el prefectura del Guayas, Carlos Luis Morales, a su oficina.
Cuatro contratos ejecutados por la Prefectura del Guayas son observados por la Fiscalía dentro de las investigaciones por un presunto delito de tráfico de influencias. El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, y siete personas más son parte de este proceso penal.
En la audiencia de formulación de cargos, que culminó la madrugada de ayer, la Fiscalía presentó un informe con datos de las empresas contratadas por el Gobierno de Guayas durante la emergencia.
En ese documento figura el nombre de una compañía con la que la Prefectura firmó un contrato por USD 79 980, el pasado 18 de mayo.
Según el portal de Compras Públicas, la empresa fue contactada para procesar los datos sobre las pruebas del covid-19.
En los documentos oficiales se dice que la idea era conocer a través de una “proyección estadística la magnitud de los contagios” en la provincia. Hoy, Fiscalía y Policía indagan a los ejecutivos de la empresa.
En la audiencia también se presentaron informes de la Superintendencia de Compañías. Allí, dos hombres figuran como sus representantes.
Agentes de la Policía dicen que el uno es un carpintero y el otro es un hombre mayor de 70 años, de escasos recursos económicos y que vive en el centro de Guayaquil. Actualmente los dos están prófugos.
Según los informes policiales, la empresa indagada tendría nexos con otras dos compañías dedicadas a la construcción y a la organización de eventos. La Policía también rastreó a los representantes de esas firmas y dice que encontró un vínculo con los familiares del prefecto Morales.
Por eso se ordenó la captura de su esposa y dos de sus hijastros. Los tres están prófugos.
Tras ser liberado con medidas sustitutivas, Morales dijo que colaborará con las indagaciones. “No soy ladrón, ni protejo ni solapo a ladrones”.
Las investigaciones también siguen en el caso del hospital Teodoro Maldonado Carbo. En ese expediente, la Fiscalía investiga a seis personas por un presunto delito de peculado en la compra de insumos médicos. Los informes de los investigadores dicen que el perjuicio en las contrataciones alcanzaría USD 3 millones.
Los seis procesados fueron detenidos en operativos realizados la madruga del miércoles pasado. Ese día, agentes detuvieron también al expresidente Abdalá Bucaram.
Según la fiscal General, Diana Salazar, el exjefe de Estado también estaba involucrado en este ilícito. En una rueda de prensa mencionó que sería procesado por otros dos delitos: delincuencia organizada y tenencia ilegal de armas.
Este último proceso se generó tras la incautación de un arma de fuego en su vivienda.
En la audiencia de flagrancia, la Fiscalía lo acusó por tráfico de armas y municiones.
En torno a los otros dos delitos, anunciados por la Fiscalía, el exmandatario no fue notificado hasta la tarde de ayer.
Esta información fue confirmada por su abogado Fernando Rosero. El jurista manifestó que su defendido no tiene relación alguna con las compras de insumos médicos. Además, explicó que las cajas con mascarillas y pruebas que se hallaron en el domicilio de Bucaram eran un cargamento que se lo encargó un amigo un día antes del operativo policial.
Contraloría en la Epmaps
La Contraloría audita las compras realizadas por la Empresa Municipal de Agua (Epmaps), durante esta emergencia sanitaria. La idea es entregar un informe a la Fiscalía y que este sirva como evidencia dentro del expediente por presunto peculado, en el que fue procesado Guido Andrade, gerente de esa entidad.
Él fue detenido junto con otros cuatro colaboradores de esa entidad. Ayer, Andrade y tres personas más quedaron con prisión preventiva tras la audiencia; dos más recibieron la orden de presentarse periódicamente en la Fiscalía y tienen prohibido salir del país.
Entre las evidencias que contiene este expediente están un informe de la Unidad de Análisis Financiero, un reporte del Servicio de Rentas Internas y otro del Servicio Nacional de la Aduana.
Las indagaciones
Personal de la Fiscalía y de la Policía Judicial se incautó ayer de una computadora y documentos del Municipio de Guamote, en Chimborazo. Los agentes investigan un presunto delito de peculado.
Unos 20 uniformados del Grupo de Operaciones Especiales y de la Policía Judicial participaron de la diligencia.
“Dicen que tienen pruebas, vamos a ver”, indicó el alcalde Delfín Quishpe a un medio digital de Chimborazo.
Este es el tercer allanamiento que ejecutan los funcionarios de la Fiscalía en instituciones públicas de esa provincia durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.
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