El 3 de junio, la Policía allanó la casa de Abdalá Bucaram y se llevó cajas con fármacos. Foto: Archivo EL COMERCIO
Las investigaciones por la venta ilegal de medicamentos en la emergencia sanitaria han permitido rastrearmovimientos financieros y propiedades de los hermanos Dalo, Jacobo y Michel Bucaram Pulley.
Estos indicios han sido recogidos en menos de dos meses y medio. En ese tiempo, los agentes han trazado una línea de investigación con base en las empresas que tienen a su nombre los tres hijos del expresidente Abdalá Bucaram, y su nuera Gabriela Pazmiño.
La Fiscalía tiene una lista de 16 compañías que son indagadas, para ver si a través de estas se cometieron ilícitos.
Según los datos oficiales, el menor de los tres, Michel, tiene el mayor número de empresas: siete en total.
Los investigadores dicen que a través de esas firmas encontraron su nexo con Daniel Salcedo, también procesado por actos de corrupción en hospitales públicos de Guayaquil.
Los reportes sobre Michel Bucaram además indican que mantiene una distribuidora de medicamentos en Guayaquil. Los agentes no descartan que por esa vía se realizó parte de la venta ilegal de fármacos durante la pandemia del covid-19.
Otro aspecto que analizan los fiscales son los movimientos de capitales de los tres y si estos están debidamente justificados. Los primeros análisis arrojaron posibles anomalías.
En el caso de Michel, la Fiscalía indica que sacó dinero a paraísos fiscales y a Estados Unidos. Hay registros de que no justificó USD 1,2 millones.
El caso de Dalo Bucaram es similar. Las autoridades dicen que mantiene relación con tres firmas, cuyas actividades aún se verifican. Además, se revisan los negocios que mantiene con una hacienda, un equipo de fútbol y las cuentas relacionadas con su partido político.
Los agentes rastrean este último dato, porque entre los procesados por asociación ilícita está Jorge Enríquez, exasambleísta alterno de Pazmiño. De hecho, en el expediente fiscal se indica que a través de esta relación se habrían cometido actos ilícitos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en Guayaquil.
La defensa de Dalo rechaza estas acusaciones y se mantiene en que este proceso es una persecución a la familia.
Señala que no cometió ilícitos y que todas sus actuaciones están dentro de las normas legales establecidas.
Además, indica que su cliente tiene todo su patrimonio debidamente justificado.
Los investigadores discrepan y revelan que hay diferencias entre el dinero que ha declarado al SRI y los análisis que ha realizado la Unidad de Análisis Financieros (UAFE).
En esos reportes se dice que ha enviado dinero a Panamá, Holanda, Luxemburgo y EE.UU. En este último país reside actualmente, con sus cuatro hijos y su esposa, también señalada por la Fiscalía.
Sobre ella, los investigadores han encontrado que mantiene relación con dos empresas. Una tendría como actividad los servicios estéticos.
Según los informes, la esposa de Dalo ha mantenido ingresos sobre USD 1,2 millones y no habría justificado USD 172 807. Ella también registra salida de divisas a Panamá, Holanda y EE.UU.
En el caso de Jacobo Bucaram, las investigaciones señalan que mantiene cuatro firmas ligadas a su hermano Dalo y a su cuñada. Informes de la UAFE indican que no ha justificado USD 178 862.
La Fiscalía tiene en su poder las declaraciones que en su contra realizaron los israelíes que fueron detenidos en Santa Elena, en junio pasado.
Los extranjeros señalaron que Jacobo Bucaram les había entregado USD 100 000 por la compra de insumos médicos.
Jacobo, hijo mayor del expresidente de la República, también mantiene otros dos procesos más por los presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de bienes patrimoniales. La Policía Nacional lo busca, pues sobre él pesa una orden de prisión preventiva.
Lo mismo ocurre con sus hermanos Dalo y Michel. Ellos han solicitado a la jueza del caso una petición de caución para fijar una fianza. Ese recurso será revisado el próximo 14 de septiembre, en una audiencia.
En la diligencia se revisará una fianza para Gabriela Pazmiño, quien no se presentó ante una unidad judicial el pasado 8 de agosto, tal como lo ordenó la jueza del caso.
Las autoridades judiciales recopilan más pruebas, para determinar los niveles de responsabilidad que existirían sobre los hermanos Bucaram.
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