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La violencia armada cobró la vida de un funcionario judicial la mañana de este jueves 17 de septiembre de 2026 en la provincia de Cañar. Sujetos armados ejecutaron el asesinato del juez Ramón Abad, a quien interceptaron en la vía pública mientras se trasladaba en su vehículo particular entre las provincias de Guayas y Cañar.
El hecho violento ocurrió entre las 08:45 y las 09:00 en el sector 19 de Junio, conocido también como Rancho Grande, dentro del cantón La Troncal.
De acuerdo con los datos preliminares, los atacantes se desplazaban en una motocicleta y venían siguiendo al jurista, de 58 años, desde el cantón El Triunfo, localidades separadas por un trayecto de aproximadamente 25 minutos.
Durante el trayecto en la carretera, los ocupantes de la moto abrieron fuego de manera reiterada contra el automotor de la víctima, quien había salido temprano de su residencia en La Troncal tras dejar a su cónyuge en su lugar de trabajo para luego dirigirse a su despacho judicial.
A consecuencia de las ráfagas recibidas, el magistrado perdió la maniobrabilidad del carro y terminó estrellándose contra el cerramiento de una vivienda de la zona.
Testigos presenciales reportaron que los agresores portaban un arma larga. Tras el choque del automóvil, los sujetos descendieron, sacaron al funcionario de la cabina y le dispararon nuevamente sobre la calzada.
El personal de socorro que llegó a la escena constató que el cuerpo sin vida yacía fuera del vehículo, con al menos cinco impactos de proyectil en su cuerpo.
Unidades de Criminalística, Dinased y de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomaron procedimiento en el punto para levantar indicios periciales y coordinar el traslado del cadáver hacia la morgue.
Los agentes contabilizaron alrededor de 15 restos balísticos dispersos en el sitio del suceso. Asimismo, los uniformados aseguraron una de las motocicletas que los autores materiales dejaron en el lugar del siniestro, luego de huir a bordo de un segundo vehículo liviano que los esperaba en las inmediaciones para facilitar su escape.
El automóvil accidentado fue trasladado a los patios policiales para someterlo a pericias de balística y trayectoria.
Ramón Darío Abad Gallardo se desempeñaba como juez multicompetente en una unidad judicial del cantón El Triunfo, en Guayas. Los registros oficiales de la Contraloría General del Estado (CGE) constatan que el jurista laboraba dentro de la Función Judicial desde 2015.
Antes de ejercer sus funciones en los juzgados del Guayas, Abad también prestó servicios jurisdiccionales en la provincia de Galápagos, específicamente en Santa Cruz. La Policía Nacional mantiene operativos para localizar a los ocupantes de las motocicletas y determinar si el móvil del crimen guarda relación directa con las causas que tramitaba en su despacho.
El Consejo de la Judicatura emitió un comunicado oficial en el que condenó el crimen contra el funcionario de la Unidad Judicial Multicompetente de El Triunfo y confirmó la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.
La entidad rectora de la justicia manifestó su solidaridad con los familiares y colegas de Ramón Darío Abad Gallardo, al tiempo que dispuso acciones administrativas emergentes orientadas a salvaguardar la integridad de los trabajadores de dicha dependencia judicial y garantizar la continuidad en el despacho de los servicios a la ciudadanía.
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) también manifestó su consternación por el crimen de Ramón Abad y calificó el hecho como una señal de alerta ante las condiciones de inseguridad en las que operan los magistrados en el país.
El gremio demandó una investigación célere y transparente para identificar a los responsables materiales e intelectuales, al tiempo que exigió al Consejo de la Judicatura, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional la adopción de medidas de seguridad concretas, con énfasis en zonas y materias de alto riesgo.
La directiva enfatizó que la protección a los operadores de justicia no debe limitarse a reacciones temporales posteriores a las tragedias, sino consolidarse como una política permanente sustentada en análisis reales de riesgo y protocolos de prevención oportunos.
De acuerdo con registros del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, siete funcionarios vinculados a la administración de justicia fueron asesinados en un lapso de cinco meses durante 2026.
El listado cronológico de ataques mortales contra operadores de justicia comprende los siguientes hechos:
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