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El Ejército Ecuatoriano reportó la inhabilitación de seis excavadoras durante un operativo contra la minería ilegal en el sector de Puni Kotona, cantón Carlos Arosemena Tola, provincia de Napo. La intervención incluyó la destrucción de equipos que, según la institución, servían para estas actividades.
Las Fuerzas Armadas ejecutaron la operación en apoyo a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). De acuerdo con el reporte militar, información de inteligencia permitió identificar varias zonas de explotación minera ilegal en ese sector.
Durante la intervención participó personal militar del GEO, con el apoyo de dos equipos EOD. El comunicado no detalla el número de efectivos que ingresaron a las zonas identificadas ni precisa la fecha del operativo.
El Ejército señaló que la acción buscó combatir las actividades de minería ilegal que afectan los recursos naturales y el medioambiente. La institución situó las áreas intervenidas en Puni Kotona, dentro del cantón Carlos Arosemena Tola.
#Azuay | Fuerzas Armadas del Ecuador, a través del Ejército Ecuatoriano y en apoyo a ARCOM, ejecutaron una operación militar en el sector Pucul, cantón Camilo Ponce Enríquez, donde identificaron una bocamina presuntamente utilizada para explotación minera ilegal. #FFAAContigo https://t.co/9sej9Q2WYW
— Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) November 12, 2026
El balance distingue entre las seis excavadoras que los militares inhabilitaron y los demás materiales que el reporte incluye entre los equipos destruidos durante la operación.
Además de las excavadoras, el Ejército informó sobre cuatro clasificadoras Z, cuatro generadores eléctricos, dos bombas de combustible de 18 galones y dos antenas Starlink.
Según la institución, estos materiales formaban parte de la infraestructura y de los medios que permitían el desarrollo de las actividades mineras ilegales en las zonas intervenidas.
La estimación militar sitúa la afectación económica por encima de los 608 530 dólares. El Ejército atribuyó esas pérdidas a estructuras criminales, aunque el comunicado no identifica a ninguna organización ni explica el cálculo de ese monto.
Tampoco proporciona información sobre personas detenidas durante el operativo o sobre posibles procesos judiciales relacionados con la maquinaria y los equipos encontrados.