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Tras la matanza en cuatro cárceles, solo un procesado

Así permanecen los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, en el norte de Guayaquil. Foto: EL COMERCIO

Fausto fue enterrado en un pequeño cementerio de Imbabura. El sepelio se produjo dos días después de que fuera asesinado en la cárcel de Cotopaxi, en medio de la masacre de 79 presos, perpetrada en cuatro prisiones del país.

Era 24 de febrero, cuando la familia recibió información de que él fue uno de los nueve detenidos que el día anterior murieron en ese centro, durante una disputa entre mafias.

Casi tres meses después de esos hechos, los parientes de Fausto solo saben que murió por los efectos que le provocaron cinco puñaladas recibidas.

Dicen que intentaron averiguar sobre los responsables, pero que en la Fiscalía les dicen que el caso está en investigación previa. Es decir, una etapa inicial del proceso penal en el que se recopilan pruebas o datos para identificar a posibles sospechosos del crimen.

En el mismo estado jurídico se mantienen las investigaciones en Guayaquil y en Azuay.

En esta última provincia, cuatro fiscales indagan lo ocurrido. Leonardo Amoroso encabeza ese equipo y advierte que hasta el momento no hay personas procesadas, pero explica que tienen hasta dos años para investigar los crímenes.

El fiscal detalla que en estos meses ha recopilado videos de las cámaras de seguridad de Turi. También han recabado grabaciones de los asesinatos que se difundieron en las plataformas digitales. En las imágenes se ven degollamientos, mutilaciones e incineraciones.

Además, tomaron los testimonios de una veintena de detenidos que fueron testigos de la masacre. Estas diligencias aún no terminan, pues algunos internos han sido trasladados a distintas cárceles del país.

Lo mismo ocurrió con los internos que presenciaron las muertes violentas en la Penitenciaría de Guayaquil y en la cárcel regional Guayas. En ambos centros hubo 37 muertos.

Rehabilitación dispuso el traslado de cerca de 100 privados de libertad de las cuatro prisiones en donde se reportaron fallecimientos. En ese grupo había algunos testigos.

En Guayaquil los fiscales que iniciaron la indagación fueron sustituidos por otros agentes de Quito. Según una investigadora, esta decisión se tomó por seguridad ante represalias.

La Policía también advierte que indagar estos crímenes no es fácil, pues detrás de todo están organizaciones criminales vinculadas a carteles del narcotráfico mexicano.

Los informes policiales advierten que las familias de las víctimas son amedrentadas y amenazadas, para que no colaboren con las investigaciones de la Fiscalía y de la Policía.

Los agentes mencionan que de los 79 asesinatos solo un preso fue identificado y procesado por el crimen de tres internos. El resto todavía está en proceso de verificación.

El único sospechoso enfrenta cargos por asesinato, luego de admitir que fue parte de la revuelta en Guayaquil.

Indcadi, una organización de derechos humanos, recopila información sobre las familias de los presos que fallecieron.

Su director, Marco Jurado, señala que prepara una demanda al Estado por la muerte de los internos. “El Estado es el responsable de la seguridad física y mental de las personas privadas de libertad. No es posible que asesinen a 79 y no haya responsables”, explica.

La Defensoría del Pueblo, en cambio, señala que el sistema de rehabilitación debe garantizar la seguridad de los reos. “Caso contrario, las cárceles se vuelven sitios sin ley ni orden”.

Luisa, una mujer que perdió a su esposo en Turi, cuenta que en la autopsia los especialistas le indicaron que él fue degollado y apuñalado ocho veces.

Las graves heridas que recibió obligaron a un funeral rápido. Lo velaron en Guayaquil.

Sus tres hijos querían verlo para despedirse, pero ella no los dejó, porque el cuerpo estaba mutilado completamente.
La familia de otro interno de la cárcel Regional de Guayas tampoco pudo despedirse de él. En Medicina Legal les entregaron su cuerpo vendado.

Ellos no conocen quiénes lo asesinaron. “Solo dicen que son Los Choneros. Nadie sabe nada”, dice la madre del fallecido.

En Imbabura, la familia de Fausto sigue buscando respuestas. Ellos cuentan que él no era parte de ninguna banda, pero lo mataron por estar recluido en el pabellón de máxima seguridad, en donde se originaron los enfrentamientos.

Fausto (39 años) iba a cumplir 6 de los 16 años de condena por un delito sexual. Su familia desistió de indagar quiénes fueron los responsables.