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6 000 detenidos esperan por procesos semiabiertos

Los detenidos que han cumplido el 60% de las penas pueden terminar su condena bajo el régimen semiabierto. Foto: archivo / EL COMERCIO

Una semana ha pasado desde que Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, saliera de la cárcel regional de Guayaquil. En ese tiempo, sus pasos han sido monitoreados a través de un dispositivo electrónico que lleva instalado en su tobillo.

Esa medida fue parte de los acuerdos que tuvo que aceptar para completar su condena de seis años fuera de prisión.  

A este beneficio se lo conoce como régimen semiabierto, y se concede a los privados de libertad que han cumplido el 60% de su pena.  

En el caso del tío de Glas, su salida de la cárcel se dio tras cumplir cuatro años y seis meses. Su abogado, Aníbal Quinde, ha señalado que buscaron su prelibertad durante cuatro meses y que Rivera cumplió con todos los requisitos establecidos por el Código Orgánico Integral Penal.  

Esa normativa, en el artículo 698, otorga este beneficio a las personas que también han guardado buen comportamiento y no mantienen otros procesos abiertos.  

De hecho, con este recurso legal han salido de prisión personas sentenciadas por actos de corrupción y hasta líderes de bandas delictivas.  

Ese fue el caso de alias ‘Rasquiña’, extinto jefe de una banda narcodelictiva. Lo mismo ocurrió con el cabecilla de otra organización criminal, el pasado 10 de noviembre. Justo unos días antes de la última masacre que dejó más de 60 presos asesinados. En los fallos de los tres casos, los jueces se han amparado en la ley para otorgar los beneficios de prelibertad.

La Judicatura del Guayas también se ha pronunciado al respecto y ha mencionado que los jueces no han favorecido a los procesados de estos hechos de connotación social de forma ilegal.  

Abogados y organismos de derechos humanos corroboran esta realidad. Ellos coin­ciden en que el problema no radica en que la gente se beneficie de estos procesos semiabiertos, sino en el hecho de que se concedan estos beneficios a unas personas y a otras no.

Ese es el caso de Lucinda Jiménez, madre de un privado de libertad de la Penitenciaría de Guayaquil. Su hijo ha cumplido más del 80% de su condena y lleva más de ocho meses en trámite. Lo mismo señala Luis Zamora. Él también tiene un sobrino que ya cumplió con dos de los tres años a los que fue condenado por robo. Su caso aún está en trámite desde hace tres meses.  

Zaida Rovira es la principal del organismo Alianza Social, un grupo de juristas que vela por los derechos de las personas privadas de libertad. Ella tiene conocimiento de esos procesos y asevera que los beneficios sí se tratan de forma diferente. En especial los casos de actos de corrupción y los delitos menores.  

De allí que en sus expedientes hay personas que llevan hasta un año esperando una prelibertad. En cambio, en casos de jefes de bandas logran salir con gran facilidad.

Datos oficiales de los Organismos de Rehabilitación Social revelan que actualmente en las cárceles del país hay al menos 6 000 privados de libertad que ya han cumplido más del 60% de la pena. 

¿Qué pasa con todas esas personas? 

El Gobierno ha señalado que se trabaja para que en 2022 se realice un censo en las cárceles. La idea es levantar la información necesaria para conocer cuántas personas pudieran beneficiarse de las prelibertades. 

Además, se prevé que se refuerce la comunicación entre el Servicio Integrado de Personas Privadas de Libertad (SNAI) para que personal de esa institución alerte a los jueces cuando los privados de libertad estén por cumplir sus condenas.

La idea es que los trámites se gestionen entre instituciones para que estos se agilicen. Hoy en día son los propios familiares quienes gestionan los procesos con las autoridades carcelarias, con jueces y la Policía.  

Eso lo confirma el Comité Permanente por los Derechos Humanos de Guayaquil. Ese ente también dice que los beneficios no llegan al mayor grupo de población penitenciaria y que los pocos que acceden son personas con influencias.

Incluso, en sus expedientes hay detenidos que fallecieron esperando sus boletas de excarcelación. Ese es el caso de ‘Trébol’, un joven que fue asesinado dentro de la Penitenciaría, en septiembre pasado. Su familia aún guarda los documentos de su proceso como prueba de que el Estado no lo dejó en libertad a pesar de que ya cumplía con todos
los requisitos.  

La salida masiva de detenidos, a través de los procesos semiabiertos, también ayudaría a reducir el hacinamiento y a evitar más masacres. Estos aspectos también se han mencionado en los últimos informes de Rehabilitación Social y de la Asamblea Nacional.