Ministerio del Interior despliega 200 policías para resguardar cortes y juzgados
La seguridad judicial en Ecuador se fortalece con un despliegue policial de 200 efectivos en complejos judiciales
El Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior firmaron este jueves 9 de julio de 2026 un convenio interinstitucional para seguridad que busca robustecer la seguridad en las dependencias judiciales de todo el país.
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Esta alianza tiene como objetivo proteger a jueces, fiscales, servidores judiciales y usuarios del sistema ante el actual contexto de criminalidad organizada en Ecuador.
Alianza estratégica por la seguridad judicial
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, y el ministro del Interior, John Reimberg, formalizaron este acuerdo que tendrá una vigencia de tres años.
La iniciativa surge tras los incidentes de violencia que han afectado a la función judicial, como el hallazgo de un artefacto explosivo con amenazas en los exteriores del Complejo Judicial Norte de Quito, ocurrido el 24 de junio.
Para las autoridades, el objetivo principal es garantizar la continuidad del sistema de justicia en un entorno seguro. “La justicia no puede funcionar con miedo. La justicia debe funcionar con independencia, con integridad y con seguridad”, manifestó Caicedo durante el evento.
Por su parte, Reimberg enfatizó que la articulación del Estado es fundamental, destacando que la seguridad y la justicia deben caminar de la mano para enfrentar las amenazas de la delincuencia.
Despliegue técnico y priorización
El convenio establece un esquema técnico para la asignación progresiva y focalizada de hasta 200 servidores policiales.
Este contingente se distribuirá en los complejos judiciales, unidades de base, la Corte Nacional de Justicia y otras sedes que presenten niveles de riesgo elevados.
Las autoridades aclararon que el despliegue no será arbitrario. Se basará en informes técnicos de riesgo y evaluaciones sobre la disponibilidad operativa de la Policía Nacional.
Además, el acuerdo respeta el principio de independencia y autonomía de las funciones del Estado, garantizando que el trabajo conjunto se realice bajo estrictas competencias constitucionales.
Compromiso a largo plazo
El documento suscrito incluye un mecanismo de control y seguimiento mediante evaluaciones semestrales. Este seguimiento permitirá a ambas instituciones analizar el impacto de las medidas implementadas, perfeccionar la coordinación operativa y realizar los ajustes necesarios en el número de efectivos según las demandas específicas de cada territorio.
Con este despliegue, el Gobierno Nacional y la Judicatura buscan brindar tranquilidad a los usuarios que acuden diariamente a realizar sus trámites y asegurar un entorno de trabajo protegido para quienes administran justicia en Ecuador.
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¿Cuál es el objetivo principal del convenio entre Judicatura e Interior?
El objetivo es robustecer la seguridad en las dependencias judiciales a escala nacional para proteger a jueces, servidores judiciales y usuarios, garantizando el normal funcionamiento del sistema.
¿Cuántos policías serán asignados a las sedes judiciales?
El acuerdo contempla la asignación progresiva y focalizada de hasta 200 servidores policiales en complejos judiciales, unidades de base y la Corte Nacional de Justicia, según informes de riesgo.
¿Cuál es la duración del acuerdo de seguridad?
El convenio interinstitucional tiene una vigencia de tres años, con evaluaciones semestrales para medir el impacto de las medidas y ajustar la operativa en el territorio.
¿Qué motivó esta firma de seguridad judicial?
El fortalecimiento de la seguridad responde a los desafíos actuales de criminalidad y a incidentes previos, como el hallazgo de un explosivo con amenazas en el Complejo Judicial Norte de Quito en junio de 2026.
