
El Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó un nuevo reglamento para la selección de jueces en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en una sesión extraordinaria este viernes 3 de julio de 2026. Este reglamento, que consta de 93 artículos, establece un proceso técnico que busca cubrir las vacantes en las seis salas especializadas del máximo órgano judicial del Ecuador.
El principal objetivo del concurso radica en renovar la estructura del Alto Tribunal, que actualmente cuenta con solo 10 magistrados de los 21 que debería tener.
Esta situación es crítica, ya que se espera que el número de jueces titulares disminuya a cuatro para el año 2027 debido a la finalización de los periodos de otros seis funcionarios.
Mercedes Caicedo Aldaz, presidenta del Consejo de la Judicatura, destacó que el reglamento busca profesionalizar la selección de jueces y conjueces. “Será un proceso técnico, transparente y verificable, acompañado de una veeduría ciudadana”, afirmó.
La normativa incorpora observaciones realizadas por la Contraloría General del Estado para cerrar brechas detectadas en procesos anteriores.
El certamen se desarrollará en ocho etapas definidas:
Los postulantes serán evaluados sobre una base total de 100 puntos, distribuidos equitativamente: 50 puntos para la fase de méritos y 50 puntos para la fase de oposición, que incluye tanto una prueba teórica como práctica.
Para proteger el proceso contra conflictos de interés o antecedentes cuestionables, se establecen requisitos estrictos. No podrán participar quienes tengan sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos como cohecho, peculado, concusión, extorsión, prevaricato, delitos de lesa humanidad, crímenes de odio, acoso sexual o violencia de género.
Además, los aspirantes deberán autorizar el levantamiento del sigilo bancario y permitir el acceso a su información patrimonial registrada en el Servicio de Rentas Internas (SRI) o la Contraloría. También es obligatorio certificar que no poseen bienes o capitales en paraísos fiscales.
Finalmente, se aplicará un “examen de confianza” como mecanismo adicional para verificar la integridad y conducta ética de los profesionales que aspiran a integrar la Corte Nacional de Justicia.