Los cubanos permanecieron ayer en las calles Jerónimo Carrión y Versalles, en Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
Es la tercera operación policial en menos de una semana. Al igual que las otras dos incursiones, esta ocurrió en la madrugada, cuando Quito dormía. Agentes de unidades élite irrumpieron en el denominado Hotel Carrión, sacaron a medio centenar de ciudadanos cubanos y los metieron en un bus con dirección al aeropuerto de Tababela.
El complejo, ubicado en el centro norte de la ciudad, fue blindado con uniformados. Ya en la mañana se conocieron los primeros datos oficiales: 46 isleños deportados (31 hombres y 15 mujeres). Los extranjeros se suman a un primer grupo (29) que fue sacado del país el sábado. En total van 75.
Abogados de derechos humanos que defienden a los extranjeros insisten en que las autoridades supuestamente violaron el debido proceso.
Daniela Salazar advirtió que antes de la deportación se debía agotar la vía judicial.
Por ejemplo, resolver el recurso de hábeas corpus que presentaron la semana pasada o la apelación a la deportación.
Eso -según Salazar- no se ha cumplido. “Son hechos irregulares que no se enmarcan en el derecho ecuatoriano e internacional”. De hecho,la Constitución del 2008 (arts. 40 y 416) garantiza la libre movilidad.
Sin embargo, esa misma Constitución se contrapone con la Ley de Migración, que data de la época de la dictadura y establece la deportación en caso de que una persona no tenga los documentos en regla.
Para el Gobierno, esa legislación es “caduca, discriminatoria y machista”. Hace un año, el presidente Rafael Correa presentó un proyecto de Ley de Movilidad Humana que, entre otras cosas, plantea que “ningún ser humano pueda ser considerado ilegal”.
Por la tarde, la Defensoría del Pueblo dijo que es “urgente la aprobación” de este proyecto. Aseguró que vigila los procesos de deportación de estos días e indicó estar preocupada porque las resoluciones estén fundamentadas y que las partes las puedan apelar. Y solicitó a la Corte Constitucional (CC) que resuelva el conflicto jurídico entre la Constitución y la Ley de Migración, “que afecta los derechos de las personas en movilidad”. Por eso pidió al Ministerio del Interior que valore la no aplicación de la Ley hasta que se pronuncie la CC.
Ayer, Francisco Hurtado, integrante de la Coalición por las Migraciones y el Refugio, incluso habló de “crisis humanitaria” por la cantidad de isleños privados de la libertad y el impacto que ha acarreado para sus familiares, quienes han decidido dormir en la calle y estar pendientes de lo que ocurre.
Él pidió al Gobierno que se publique la lista con los nombres de los cubanos que han sido deportados y de los que permanecen en la Unidad de Flagrancia y en el Hotel Carrión.
Ya en diciembre pasado las autoridades de Nicaragua y de Costa Rica hablaron de una “crisis humanitaria” por la llegada de miles de isleños a esos países. Esas naciones forman parte de la ruta ilegal para pisar territorio norteamericano.
Ante esa difícil situación, Ecuador decidió imponer visa a los cubanos, pues se detectó que las mafias criminales dedicadas a la trata de personas utilizaban Quito como un punto clave para que los isleños alcanzaran el sueño americano.
“No les estamos cerrando las puertas, ellos son siempre bienvenidos”, aseguró Xavier Lasso, canciller encargado, tras anunciar la medida.
Y advirtió que en el país había unos 16 000 isleños sin documentos migratorios.
Hay un antecedente que explica este fenómeno: en el 2008, el Gobierno eliminó la visa para los turistas que quieran visitar el Ecuador. A partir de ese año se registró un aumento del número de cubanos que arribaron al país. El pico más alto se dio en el 2015 cuando entraron 73 475 isleños.
En medio de estos hechos, el Ministerio del Interior informó ayer que la deportación “se cumplió en orden y respetando sus derechos”. Y aclaró que estas personas no justificaron su estatus legal.
Según el artículo 19 de la vigente Ley de Migración, la Policía “procederá a deportar a todo extranjero” si “ingresó al país sin pasar la inspección migratoria o por un lugar u horario no reglamentarios”. Precisamente, este es el argumento judicial para sacarlos del país.
Además, el Ministerio del Interior precisó que de los 151 privados de la libertad el miércoles pasado en el El Arbolito, 22 ya fueron liberados, porque exhibieron documentos que les permiten residir en el país o porque son padres de niños ecuatorianos. Hasta ayer, los jueces todavía analizaban la situación de otros isleños.
En contexto
El miércoles pasado, la Policía desalojó a los cubanos que dormían en el parque El Arbolito. Hubo 151 privados de la libertad, según DD.HH. 75 ya han sido deportados. Los isleños pedían al Ecuador una ruta segura y legal para llegar a territorio estadounidense.
La normativa
Artículo 30 de la Ley de Migración. La resolución que disponga la orden de deportación será susceptible de impugnación ante el órgano competente de la Función Judicial. Esta apelación puede dirimirse en las 72 horas posteriores.
Artículo 35 de la Ley de Migración. Todo extranjero afectado por una orden de deportación será trasladado al país del que provino con anterioridad; al país de origen; o al país que lo acepte.
Artículo 40 de la Constitución. Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas que están en el exterior.
