La inspectora Sonia V. quien se habría quedado a cargo del curso donde fue agredida la estudiante de 11 años, que luego de dos días falleció, acudió a rendir su versión en la Fiscalía. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
La jornada matutina, a la que asistía la pequeña Brithany en un colegio público del sur de Guayaquil, acoge a cerca de 1 400 estudiantes. Desde que comenzaron las clases en este año, las autoridades de la institución habrían indicado que hacía falta docentes para la cantidad de alumnos.
La información fue parte de la versión de Sonia V. ante la Fiscalía del Guayas. La inspectora general del plantel fue citada la mañana de este martes 22 de mayo del 2018 para comparecer, como parte de la investigación por el presunto delito de homicidio culposo tras la muerte de la estudiante de octavo de básica.
El viernes 11 de mayo, en las últimas horas de clase de la jornada matutina, Brithany habría sido agredida por cinco compañeros de su salón. Según versiones de otros estudiantes fue atada de pies y manos, amordazada con una toalla y golpeada. Parte de esos datos también fueron incluidos en dos informes elaborados por el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).
La niña de 11 años murió dos días después en un hospital público, a causa de un derrame cerebral. La Fiscalía y el Ministerio de Educación investigan si la presunta agresión de compañeros está vinculada con su fallecimiento.
La Fiscalía realiza una investigación sobre el caso del fallecimiento de la niña Brithany. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
El fiscal César Peña, especializado en personas y garantías, receptó esta mañana la versión de la inspectora general. Ella, supuestamente, otorgó un permiso a la maestra de Matemática que estaba a cargo del curso en las últimas horas, porque tenía un problema de salud.
En su reemplazo habría pedido a su hija que vigile a los niños. La Fiscalía indaga si hubo negligencia en esta acción.
“No estaba encargada -aclaró Rolando Figueroa, abogado de Sonia V.-. Lo que hizo la inspectora fue solicitarle a la hija que en ese momento le lleve una medicación, porque ella es diabética e hipertensa; y de paso que observe, de pronto, qué sucedía con los niños. Cuando fue la hija de la inspectora hacia el curso, ya los niños habían subido al vicerrectorado para determinar las situaciones que ocurrieron”, aseguró el defensor.
La inspectora también relató que ese viernes 11 hubo varias actividades en el plantel. Por la mañana celebraron el Día de las Madres. Y para las últimas horas de la jornada, cuando presuntamente sucedió la agresión entre alumnos, habían coordinado un simulacro ante siniestros, por pedido del distrito educativo.
“Todo eso conllevó a que exista un desfase y los niños, de pronto, estuvieron unos minutos solos. Hasta ese momento dentro de esa unidad educativa faltaban docentes; no se había completado toda la plantilla docente”, indicó el abogado Figueroa.
La pequeña Brithany fue velada y sus restos enterrados el pasado 15 de mayo en Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
En contraparte, el abogado de los padres de Brithany, Stives Reyes, señaló que la versión de la inspectora y de otras autoridades, ha dado indicios de supuesta negligencia. “Hay omisiones por parte del rector, de la vicerrectora, de la inspectora y de la maestra que estaba a cargo del curso. Todas estas omisiones desencadenaron en un delito, entrarían en una fase de autoría por no haber cuidado de los niños. Ese es el delito que se está investigando”, dijo.
Mientras Sonia V. comparecía, en los exteriores de la Fiscalía del Guayas se realizaba un plantón. Un grupo de maestros, padres de familia y exalumnos del colegio llegaron con carteles para apoyar a las autoridades que están bajo indagación.
“La casa es la primera escuela” y “docentes inocentes” eran algunos de los mensajes. “El distrito educativo tiene mucho que ver. No hay la cantidad de inspectores para cuidar todos los cursos, cada uno con más de 50 niños”, dijo una de las exalumnas.
“No hay un informe médico que determine que esos golpes fueron la causa de la muerte de la niña. Queremos que se investigue también su entorno familiar”, dijo una madre de familia, quien se negó a dar su nombre.
Para el jueves (24 de mayo) la Fiscalía citó a Verónica A., la hija de la inspectora general; y a otra inspectora de curso.