El rector de la institución, que fue citado por el fiscal César Peña a las 11:00 de este viernes 18 de mayo del 2018, no llegó a la Fiscalía. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
El Rector de la institución donde estudiaba la pequeña Brithany no acudió a dar su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía. El funcionario fue citado por el fiscal César Peña a las 11:00 de este viernes 18 de mayo del 2018, dentro de la investigación por el fallecimiento de la niña, días después de ser golpeada por otros estudiantes.
“El Código Orgánico Integral Penal establece en su artículo 582 que en caso de no comparecencia de una persona a dar su versión libre y voluntaria, se puede solicitar el auxilio del fuerza pública. Él tiene la obligación de explicar qué fue lo que sucedió el 11 de mayo con la menor fallecida para que este caso sea esclarecido”, dijo Peña.
Brithany, de 11 años, cursaba el octavo años en un colegio público de Guayaquil. El pasado viernes, según confesó a sus padres, fue agredida por cinco compañeros de aula. Una niña habría dirigido al grupo que la amarró de pies y manos, y le colocó una toalla en la boca, antes de golpearla por varios minutos.
La abogada Sybel Martínez, directora de Rescate Escolar, habla sobre la violencia en el sistema educativo. Esto a propósito de la niña que murió tras una agresión en una escuela de Guayaquil y de los estudiantes que se golpearon en un colegio particular de Quito.
Como parte de las investigaciones de la Fiscalía se verificó que el viernes 11 de mayo, cuando ocurrió este caso de violencia entre pares, la profesora titular del salón de Brithany había solicitado permiso.
Este fue aprobado por el rector y notificado a la inspectora general. “Esta -la inspectora- dejó a su hija, una ciudadana que no es docente, no es representante legal de ningún menor, presuntamente, al cuidado de los niños”, indicó Peña.
Para el lunes 21 de mayo, la Fiscalía citó a la Psicóloga, a las 09:30; a la Vicerrectora, a las 10:30; y a la Profesora, a las 11:30. El martes deberá acudir Inspectora General, a las 09:00; y su hija, a las 10:00. También fue convocada la Inspectora del curso, a las 11:00.
En el plantel las clases continúan en medio de una intervención integral. Blanca Alvarado fue nombrada interventora encargada tras la suspensión de cinco autoridades por presunta negligencia y omisiones: el rector, la vicerrectora, la inspectora general, la directora del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) y la docente que estaba a cargo del curso.
Éricka Laínez, subsecretaria de Educación de la zona 8, explica que la intervención puede durar hasta un año. La contención emocional enfocada en los estudiantes y los docentes es una de las primeras fases.
A la par, el distrito educativo ejecuta los sumarios administrativos contra los funcionarios separados. “Durante el curso de los sumarios se determina cuál sería la falta en la que incurrieron, que podría llevar incluso hasta a una destitución”, dijo la subsecretaria.
También se sigue un proceso disciplinario contra los cinco estudiantes señalados. Los chicos, de entre 11 y 12 años, fueron separados momentáneamente de la institución. Por ahora reciben clases dirigidas y asistencia psicológica en casa.
“El proceso disciplinario, dado que es una falta muy grave, podría determinar incluso la separación de los estudiantes de la institución educativa, para que tengan un traslado a otra institución. Eso está en análisis”, señaló Laínez.