La directora nacional del Mecanismo de Prevención contra la tortura de la Defensoría del Pueblo, Gabriela Hidalgo, dice que es preocupante que hasta el momento no se haya nombrado al presidente del Organismo Técnico de Rehabilitación, el ente que dicta las políticas públicas para las cárceles. Esta instancia lleva 77 días sin reunirse pese a la matanza de 27 detenidos hace 15 días.
Hidalgo indica que quien debe nombrar al nuevo presidente es Guillermo Lasso y eso no ha ocurrido hasta el momento. “La problemática con relación a las reuniones es permanente. La última cita, del 18 de mayo, se desarrolló por una disposición de la Corte Constitucional, pero no debe ser así”.
Según Hidalgo, es urgente trabajar en políticas para los centros de rehabilitación. “Se están dando situaciones que nos deben llamar a la preocupación, porque la violencia está afectando a otros grupos de atención prioritaria. Por ejemplo, este descuido ha hecho que los CAI (centros para menores infractores) no tengan la atención adecuada. El mes que pasó ya hubo un suicidio en el CAI de Loja. Además, una mujer del CDP muere por arma de fuego. En el último hecho, las mujeres del centro de rehabilitación de Cotopaxi vieron expuesta si integridad por el ingreso de detenidos varones a este espacio”.
Hidalgo asegura que desde hace mucho tiempo han insistido que se tomen acciones para frenar los problemas. “De forma recurrente hemos pedido la necesidad de que se fortalezca la salud física, pero también la salud mental. El numero de profesionales que dan atención en el contexto de encierro es complejo. No contar con suficientes psicólogos y psiquiatras es un problema fuerte. No contar con un tratamiento de adicciones es otro problema”.
Dice que ha sido bastante escaso el apoyo para deportes y cultura, como parte de la rehabilitación. Asegura que en Archidona (Napo), un agente de servicio penitenciario apoyaba con las actividades culturales y deportivas. “Eso no permite que el sistema funcione como debe funcionar”.