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Nueva masacre evidencia viejas fallas en cárceles de Ecuador

Soldados y policías realizaron un control en los exteriores de la cárcel de Cotopaxi. Foto: EL COMERCIO

Los presos utilizaron armas de asalto y explosivos para perpetrar los ataques en el interior de la cárcel de Cotopaxi y la Penitenciaría del Litoral.

Ayer (22 de julio del 2021) se conocieron informes oficiales que indican que el arsenal ingresó poco a poco a esos centros, donde el miércoles pasado y la madrugada de ayer se registraron enfrentamientos que dejaron al menos 22 muertos y 70 heridos.

Los hechos violentos generaron la reacción desde el Ejecutivo. Ayer, el presidente Guillermo Lasso viajó a Latacunga y dio una rueda de prensa. Allí anunció cuatro medidas urgentes para enfrentar la violencia en las prisiones. En primer lugar declaró el estado de emergencia en el sistema carcelario para movilizar “todos los recursos humanos y económicos necesarios para restablecer el orden”.

Como segundo punto dijo que reestablecerá el control militar en el perímetro de acceso exterior de las cárceles y fortalecerá el control policial. Además, cesó en sus funciones al general Edmundo Moncayo como director del Servicio de Rehabilitación (Snai). Como cuarto punto suscribió el Decreto Ejecutivo para nombrar a Fausto Cobo en ese cargo.

El Presidente se solidarizó con los familiares de las víctimas de la masacre. El mayor número se registró en Cotopaxi. La Fiscalía y peritos de Criminalística levantaron 14 cuerpos. Todos presentaban heridas de bala o de armas blancas. En ese centro también se reportó el secuestro de cinco agentes de la Policía que acudieron a atender la emergencia. Todos fueron obligados a dejar sus equipos de dotación. Durante el evento, una mujer del grupo sufrió una agresión sexual por parte de un interno, quien ya fue identificado. El Mandatario se solidarizó con la agente.

El Gobierno informó que 78 presos que fugaron de Cotopaxi fueron recapturados. Los presos habían atacado puertas, rejas y mallas de la cárcel para vulnerar los filtros de seguridad. Incluso utilizaron explosivos para volar estructuras blindadas. Luego, en horas de la madrugada, escaparon.

Los agentes rastrean cómo ingresó el material bélico en esta cárcel y en la Penitenciaría del Litoral. Allí se contabilizaron ocho muertos tras el enfrentamiento armado.

El tiroteo duró cerca de 30 minutos. En ese tiempo, más de 120 policías se trasladaron hasta las inmediaciones de las celdas. Los agentes fueron recibidos con disparos de armas largas tipo fusil. Incluso, para evitar el ingreso de los agentes, los detenidos tomaron de rehenes a 54 mujeres que estaban de visita en el pabellón 8.

10 días antes, la Policía confiscó un arsenal que iba a ser ingresado a ese lugar. Un hombre fue detenido cuando trató de meter por una de las paredes del centro dos fusiles, tres pistolas, un revólver artesanal, cuatro granadas, dos alimentadoras y más de 1 000 cartuchos.

15 días antes de ese episodio, los agentes que vigilan el exterior de la cárcel también impidieron que se introdujera armas de fuego y municiones.

El 9 de julio pasado, la Policía presentó un informe en el que identificó que el material ingresa por distintos lugares. Por ejemplo, las mafias piden a las visitas que metan armamento. También, sobornan a los custodios para permitir el paso de objetos prohibidos.

La corrupción no es el único problema detectado en las cárceles. En un informe oficial presentado a la Asamblea, el Servicio de Rehabilitación señaló que trabaja para reducir el hacinamiento que sobrepasa el 29%.Es decir, la capacidad instalada permite albergar 30 165 presos, pero hay 39 150.

A esto se suma la falta de presupuesto. En el 2011 se destinó USD 109 millones para una población de 16 704 presos. Este año, el monto asignado se redujo a USD 99,5 millones para un número mayor.

La mayoría de los recursos se destina al pago de salarios y de alimentación de los propios internos (ver infografía). Esto deja con menos recursos para contratar guías penitenciarios o para el arreglo de sistemas de seguridad y vigilancia. Un informe del Snai detalla que el 42% de las 2 335 cámaras instaladas está en mal estado.

Todos estos problemas ya habían sido expuestos meses antes, cuando se produjo la masacre de febrero último. Fuentes de la Snai indicaron que tras ese episodio, los problemas han continuado.

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