La situación de Nelson Serrano, ecuatoriano que desde hace 21 años permanece en el denominado “corredor de la muerte” de Estados Unidos, sigue en debate en la Corte Constitucional y en la Procuraduría General del Estado.
Su defensa pidió a la Corte que declare el incumplimiento del Estado ecuatoriano en la asistencia legal a Serrano. Aquello forma parte de las medidas cautelares dictadas en 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en este caso.
Los argumentos
La audiencia por la acción de incumplimiento se realizó el viernes 10 de marzo del 2023 en la Corte Constitucional, previo a una resolución.
Allí los delegados de la Cancillería y el Ministerio de Derechos Humanos negaron haber incumplido con la asistencia legal a este ciudadano, lo cual fue rebatido por Óscar Vela, representante legal del hijo de Nelson Serrano.
“Tienen que cumplir con el informe de fondo, no con el contrato que firmaron. Tienen que cumplir con la obligación de asistirle a Nelson todos los días de su vida, hasta que logremos sacarle de prisión”, dijo Vela.
Ximena Garbay, representante jurídica del Ministerio de Derechos Humanos, señaló que uno de los contratos data del 6 de abril de 2018, por un monto de USD 225 000 con abogados en Estados Unidos.
“Es un contrato de renta fija. Incluye todos los costos necesarios para investigar y debidamente preparar este caso de re-sentencia” que debe tramitarse en la Corte de ese país, aseguró.
Apuntó que otro contrato se firmó en septiembre del 2019 con otro equipo jurídico por un monto de USD 270 000. El objetivo es investigar y presentar una petición federal de Habeas Corpus en el Tribunal de Distrito de La Florida.
Vela negó que los abogados no hayan entregado los reportes sobre sus actividades a la Cancillería. Aseguró que se requieren costos adicionales para continuar con la defensa de Serrano, ecuatoriano que enfrenta una pena de muerte al ser procesado en Estados Unidos por un crimen que asegura no cometió.
Tanto el Habeas Corpus como el recurso de la re-sentencia siguen pendientes en Estados Unidos. Serrano se ha convertido en uno de los prisioneros más longevos que permanece en “el corredor de la muerte”.
Por su parte, la Procuraduría General del Estado convocó a las partes para este lunes 13 de marzo de 2023 a una audiencia de mediación. Aseguró que las recomendaciones de la CIDH sí se están cumpliendo.
Según Rafaela Uscátegui, delegada de la Procuraduría, el conflicto entre la defensa de Serrano y las instituciones del Estado surge por acciones legales en Estados Unidos que no estaban contempladas en los contratos con los abogados que suman más de USD 1,8 millones.
