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Una audiencia vía telemática para tratar la apelación al traslado penitenciario de Daniel Salcedo derivó en acusaciones directas contra el manejo de causas penales en el país. Las sorpresivas declaraciones de Salcedo, expuestas desde la Cárcel del Encuentro en la provincia de Santa Elena, vincularon su aislamiento carcelario con una supuesta negativa a colaborar con testimonios falsos, este viernes 25 de septiembre de 2026.
Durante su intervención mediante videoconferencia, el procesado afirmó que su envío a la prisión de máxima seguridad de El Encuentro respondió a que no aceptó inventar acusaciones en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Salcedo, quien acumula seis sentencias que suman 41 años de cárcel por corrupción y delincuencia organizada, afirmó que las autoridades le exigieron mentir en sus testimonios, y argumentó que su traslado a la prisión de máxima seguridad fue una represalia para mantenerlo incomunicado.
El privado de la libertad aseguró que mantiene en su poder audios grabados a altas autoridades del actual Gobierno y sostuvo ser el único que conoce detalles de fondo sobre el asesinato del excandidato Fernando Villavicencio, caso en el que se encuentra imputado como presunto autor intelectual.
Salcedo manifestó que su permanencia en el centro de privación de libertad de Santa Elena obedece a un intento por callar esos registros antes de que se consume su extradición hacia los Estados Unidos, aunque a lo largo de la sesión judicial no exhibió copias ni soportes técnicos de tales archivos.
La diligencia concluyó de manera accidentada luego de que personal militar y penitenciario ingresara al espacio desde donde se conectaba el procesado. Cuando una periodista le pidió detallar quiénes formularon los supuestos pedidos sobre Alvarez, el audio fue cortado bajo el argumento de que la intervención carecía de autorización reglamentaria.
Previo a la desconexión, el sentenciado recordó que interpuso una acción de hábeas corpus prevista para el 1 de octubre de 2026, con el fin de exponer durante siete horas ante la opinión pública datos sobre la muerte de Efraín Ruales y el caso de compras hospitalarias.
El pronunciamiento del procesado ocurre de forma simultánea a la tramitación de su envío a territorio estadounidense requerido por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Dicha corte abrió un expediente por cinco cargos vinculados con conspiración para traficar cocaína, posesión de armamento de guerra y lavado de dinero a través de plataformas criptográficas.
El 9 de septiembre de 2026, Salcedo aceptó el procedimiento simplificado de extradición en la Corte Nacional de Justicia, diligencia que aún demanda la resolución judicial final y el aval del Ejecutivo.
❓ ¿Qué denunció el sentenciado respecto a su traslado a la Cárcel del Encuentro?
Que fue aislado por negarse a formular acusaciones falsas contra el alcalde Aquiles Alvarez.
Salcedo expuso este argumento durante la audiencia de apelación para intentar revocar su reclusión en el penal de Santa Elena.
❓ ¿Qué elementos aseguró poseer sobre miembros de la administración pública?
Grabaciones de audio a altos funcionarios del Gobierno.
El privado de la libertad no presentó soportes técnicos ni identificó con nombres propios a los supuestos involucrados en la diligencia.
❓ ¿Qué causas ofreció detallar durante la diligencia de hábeas corpus del 1 de octubre?
El crimen de Efraín Ruales, la venta de insumos en hospitales y el caso Fernando Villavicencio.
El sentenciado aseguró que requiere una comparecencia de siete horas para responder a periodistas y a la ciudadanía.
❓ ¿Cuáles son las acusaciones formuladas por la justicia estadounidense contra Salcedo?
Cinco cargos por narcotráfico, tráfico de armamento de guerra y lavado de activos con criptomonedas.
El expediente se encuentra radicado en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por sucesos investigados entre 2023 y 2026.
❓ ¿En qué condición procesal se encuentra la extradición a Estados Unidos?
En trámite formal tras haber consentido Salcedo el mecanismo simplificado el 9 de septiembre de 2026.
La aceptación del trámite en la Corte Nacional de Justicia no determina culpabilidad y requiere el pronunciamiento judicial y la orden del Ejecutivo.
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