
El asesinato en Quito del gerente financiero de una universidad el pasado 11 de junio de 2026 abrió una investigación que, casi un mes después, resultó en la detención de cinco adultos y el aislamiento de un adolescente. Este proceso avanzó con la formulación de cargos por asesinato y el inicio de una instrucción fiscal de 90 días.
El gerente financiero, de 42 años, salió de su lugar de trabajo con dirección a su domicilio la tarde del jueves 11 de junio. Aproximadamente a las 18:30 llamó a su esposa y le informó que una motocicleta con dos ocupantes lo seguía. Además, compartió su ubicación en tiempo real antes de que la batería de su teléfono se agotara.
El ataque ocurrió en el kilómetro 4,4 de la avenida Oswaldo Guayasamín, en el sector de Altos del Valle o Miravalle, una vía que conecta Quito con el valle de Cumbayá. Los ocupantes de una motocicleta dispararon contra el costado del conductor.
Después de recibir los impactos, la víctima perdió el control del vehículo y chocó contra una estructura ubicada junto a la vía. La Policía encontró al funcionario sin vida dentro del automotor, identificando al menos cinco impactos de bala en la ventana del conductor.
Un día después del asesinato, los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de la universidad y de inmuebles ubicados en los alrededores.
Los agentes también recopilaron versiones de familiares, compañeros de trabajo y personas cercanas a la víctima para reconstruir sus últimos movimientos e identificar la ruta utilizada por los atacantes.
La universidad confirmó que la víctima era su gerente financiero y difundió un comunicado de condolencias dirigido a su esposa, hijo y demás familiares.
La Policía informó que una de las primeras líneas investigativas apuntaba a un posible perfilamiento de la víctima.
Esta práctica consiste en observar los desplazamientos, horarios y rutinas antes de cometer un delito. También se examinó una posible extorsión relacionada con el cargo de la víctima; sin embargo, no existía una denuncia formal y esa hipótesis no fue confirmada.
La investigación se concentró en los registros de videovigilancia, llamadas telefónicas y movimientos registrados antes del ataque.
Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el 11 de junio, aproximadamente a las 16:10 horas, un vehículo Kia plateado llegó a los exteriores de la universidad. Dos personas descendieron y se dirigieron hacia el sector de los parqueaderos. Una permaneció en las inmediaciones hasta la llegada de una motocicleta negra.
La Fiscalía y la Policía ejecutaron allanamientos simultáneos en varios sectores de Quito el jueves 9 de julio. Parte de los procedimientos se realizó dentro de las instalaciones universitarias. El operativo dejó cinco adultos aprehendidos y un adolescente aislado.
La Policía señaló al menor como el presunto autor material de los disparos.
Durante las intervenciones se levantaron celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento. Además, se decomisó un arma de fuego y una motocicleta que deberán someterse a pericias. Hasta el 10 de julio no se había confirmado públicamente si estos elementos fueron utilizados en el asesinato.
La madrugada del viernes 10 de julio se desarrolló la audiencia contra los cinco adultos detenidos.
El juez legalizó las detenciones y la Fiscalía formuló cargos por presunto asesinato. Según la teoría presentada durante la diligencia, el director de Operaciones habría actuado como autor mediato, mientras que dos mujeres fueron procesadas como presuntas coautoras.
La Fiscalía sostiene que el posible móvil está relacionado con auditorías internas que la víctima realizaba sobre procesos dentro de la institución. Estas revisiones habrían provocado conflictos entre el gerente financiero y el director.
El juez ordenó prisión preventiva para el director y las dos mujeres procesadas como coautoras. Los otros dos adultos deberán presentarse ante la autoridad periódicamente y tienen prohibición para salir del país. La instrucción fiscal tendrá una duración total de 90 días.