
Nuevos detalles emergen sobre el asesinato de Santiago David Ávalos Páez, director financiero de una universidad de Quito. Esto ocurre tras la captura de cinco presuntos implicados y un menor de edad el jueves 9 de julio.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía General del Estado expuso que el crimen habría sido motivado por las auditorías internas relacionadas a órdenes de compra que Ávalo realizaba dentro de la institución. Entre los detenidos se encuentran personas que trabajaban en la universidad.
“Se presumen que son compañeros… las evidencias que hoy recolectamos nos van a permitir técnicamente verificar todos los elementos asociativos para identificar que estaban involucrados en este evento violento”, afirmó la Dinased en una rueda de prensa.
Los procesados son Galo Hernán O. G., María del Carmen S. V., Juan Pablo G. O., Juan Carlos G. T. y Josselyn Lisbeth V. La Fiscalía señaló que entre Galo Hernán O. G., director de Operaciones de una universidad de Quito, y la víctima existían conflictos debido a las auditorías que este realizaba sobre procesos de compras dentro de la universidad.
Las investigaciones también revelaron que Galo O. y María S. habrían tomado fotografías del vehículo de la víctima, y que en varias ocasiones María S. fotografió a Ávalo dentro del campus. Estas imágenes eran presuntamente enviadas desde su celular.
Los otros procesados, Juan Carlos G. y Juan Pablo G., trabajadores de la Dirección de Operaciones, habrían estado informando sobre los movimientos de la víctima.
El presunto autor material sería un adolescente de 17 años identificado como Carlos E., quien habría llegado a la universidad para disparar contra el director financiero. Este menor habría estado acompañado por una mujer identificada como Josselyn V., según lo revelan las cámaras de seguridad.
En base a estos elementos, la Fiscalía formuló los siguientes cargos:
Cámaras de seguridad, entrevistas y análisis tecnológicos permitieron identificar a los sospechosos. Durante los allanamientos se incautaron terminales móviles, equipos informáticos, computadoras, una motocicleta, un arma de fuego y otros dispositivos que serán sometidos a pericias para esclarecer el crimen.
La captura de los sospechosos ocurrió casi un mes después del crimen, gracias a diligencias ejecutadas por unidades investigativas de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. El funcionario fue asesinado el 11 de junio de 2026 mientras conducía por la avenida Oswaldo Guayasamín, en el sector de Miravalle, al nororiente de Quito.