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La Contraloría revisa informes sobre los manejos económicos de TC Televisión

La gerencia de TC Televisión pidió a la Contraloría auditar el canal. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La gerencia de TC Televisión pidió a la Contraloría auditar el canal. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La gerencia de TC Televisión pidió a la Contraloría auditar el canal. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El departamento de Auditoría Interna de TC Televisión compiló en cuatro informes las aparentes irregularidades económicas que se dieron en su anterior administración.

Estos documentos fueron entregados a la Contraloría para que los analice y determine si se violaron los procedimientos de contratación pública o hubo delitos.

En uno de los informes, los auditores detectaron que desde julio del 2013, el Canal transmite un programa que no tiene rentabilidad y registra pérdidas por 2 356% desde que salió al aire.

En este mismo caso, los analistas descubrieron que la productora del programa y el canal nunca firmaron un contrato. Sobre esto, el actual Subgerente de Programación dijo que la transmisión de ese espacio se dio por una orden, a través de un correo enviado por el entonces Gerente del medio incautado.

La conclusión de los contables fue que TC saque de la parrilla el programa de forma inmediata “ya que no genera rentabilidad alguna”.

Además, la Contraloría recibió otro informe sobre los servicios de alquiler de móviles para eventos gubernamentales y el campeonato nacional de fútbol, que fueron suscritos por una productora local y TC.

Un tercer reporte está relacionado con los contratos de asesoría jurídica de un abogado de Guayaquil.

La actual gerente de TC Televisión, Martha Moncayo, también indicó en la Contraloría que se dispusieron bienes del canal como forma de pago “sin cumplir con los procedimientos internos, para valorarlos y enajenarlos”.

Entre las propiedades están un departamento con bodega y parqueo en un hotel de Quito, dos inmuebles en un edifico de Guayaquil y un automóvil de alta gama y blindado.

Estos bienes se entregaron para cancelar asesorías jurídicas, servicios de transmisión de fútbol, de los enlaces ciudadanos o ‘sabatinas’, y para pagar a la empresa que brindaba seguridad a las instalaciones del canal.