Siete pasos se necesitan para lavarse bien las manos
Contratos petroleros ya pueden modificarse con la Ley
‘Júnior’, el testigo silencioso del éxito de Independiente
Jaime Culebras trabaja en la conservación mediante s…
La seguridad en las fronteras se debilitó en tres años
Nuevos cuadros se forman para renovar el espectro político
Misión de la CIDH visitará Ecuador desde el 1 de diciembre
COE confirma aplazamiento de la apertura de frontera…

Contraloría detecta perjuicio de USD 9,5 millones por grilletes electrónicos

La Contraloría General detectó siete irregularidades en la compra de brazaletes electrónicos. Los detalles de estos hallazgos se conocieron ayer y están recogidos en 62 páginas.

Allí se dice, por ejemplo, que “la cantidad de dispositivos adquiridos por el Ministerio de Justicia no se sustentó en estudios y diseños completos, definitivos y actualizados”.

Según el ente de control, esto hizo que durante 304 días no se utilizara el 81,5% de aparatos destinados a personas con arresto domiciliario ni el 97% de equipos para protección de víctimas. Aquello ocurrió pese a que la empresa China National Electronics Importa y Export Corporation “entregó los bienes a satisfacción del Ministerio de Justicia”.

Contraloría dice que tampoco se suscribieron actas de entrega-recepción parciales ni definitivas. Y que no se impusieron multas por USD 109 699 por el retraso en la entrega de 1 500 dispositivos electrónicos.

Además, “no se cobraron multas por USD 603 348” por los 44 días que la empresa china se demoró en la entrega de productos informáticos.

El examen especial también advierte que el Ministerio de Justicia no sustentó la necesidad de adquirir 100 equipos de reconocimiento facial por USD 193 000. Estos aparatos “se encuentran sin utilizar, ocasionando un perjuicio económico para la entidad”.

Adicionalmente, se detectó que no había parámetros técnicos para el intercambio de información entre los sistemas informáticos del Ministerio de Justicia y del ECU-911.

“Esto ocasionó que los datos de localización mostrados por cada entidad difieran”. Por eso, la información era validada verbalmente entre los operadores de cada entidad.

Entonces, la Contraloría asegura que los dispositivos “no cumplieron con el objetivo del contrato, perjudicando al Ministerio de Justicia en USD 9,5 millones (valor del anticipo)”.

El ente de control también determinó que el Plan de Contingencia no estaba actualizado y que la Secretaría de Estado no cuenta con procedimientos para poder actuar ante las fallas del sistema computarizado.

Tras encontrar estas falencias, el contralor Pablo Celi remitió a la Fiscalía General del Estado un informe con responsabilidad penal en contra del representante de la empresa china y de los administradores de este contrato.

Los aparatos empezaron a operar, mientras el Ministerio de Justicia era manejado por Ledy Zúñiga. Ayer, este Diario se contactó con la exfuncionaria y dijo que aún no revisaba la documentación. Pidió que la llamaran luego, pero su teléfono permaneció apagado.

En el escrito de Celi se dice además que remite copias del informe para que dirija y promueva una investigación.

También citó a los tres funcionarios que elaboraron el informe y sugirió que se receptaran sus versiones libres y sin juramento, dentro del expediente que se abra.

Prisión para Alvarado

El informe de la Contraloría coincide con el escándalo que estalló el sábado cuando Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, se despojó del aparato y huyó.

Cuatro días después de ese hecho, la Corte Nacional de Justicia reemplazó el uso de grillete por una orden de prisión preventiva en contra del exfuncionario.

Durante una audiencia, la jueza nacional Sylvia Sánchez acogió el pedido del fiscal general, Paúl Pérez, y del Procurador General del Estado.

Con ello, también prohibió que los bienes de Alvarado sean vendidos. Ordenó que se congelaran sus cuentas bancarias y pidió que se notificase a la Interpol (Policía internacional), para que se emita la difusión roja para la localización y captura. Antes de esta disposición, el exfuncionario estaba con alerta azul de Interpol y se lo buscaba en 192 países.

Además, la jueza dispuso que la Policía lo buscara en todo el territorio ecuatoriano y ordenó que las autoridades emitiesen un informe periódico y detallado de las acciones que realicen para encontrar al exfuncionario, quien es procesado por presunto peculado.

El domingo María Paula Romo, ministra del Interior, dijo que apenas reciban la orden de prisión preventiva, Alvarado será incluido en la lista de los más buscados.

La magistrada tomó esta decisión porque él incumplió una disposición emitida por la Justicia. Desde el 9 de agosto pasado, Sylvia Sánchez impuso medidas cautelares, entre estas la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante el Presidente de la Corte de Guayas y la colocación del grillete electrónico.

La decisión de ayer está basada en el Código Penal (art. 522), que establece seis medidas, para garantizar la presencia de una persona en un proceso judicial. Allí se menciona, por ejemplo, la prisión preventiva o el arresto domiciliario.

La diligencia se instaló a las 10:00 y duró alrededor de dos horas. El fiscal Paúl Pérez sustentó su posición en el informe del ECU-911, en donde consta que el dispositivo de vigilancia de Alvarado emitió 245 alertas, lo cual aparentemente no fue conocido por las autoridades.

El penalista Álvaro Román asegura que la prisión preventiva era necesaria para que la magistrada pudiese pedir a la Interpol que emita difusión roja de localización y captura.

El expresidente del Colegio de Abogado de Pichincha, José Alomía, considera que sí era necesaria la prisión preventiva en contra de Alvarado. “Esto servirá para que se pueda seguir el proceso penal, a pesar de la ausencia”. Ahora -dice- lo que queda es iniciar un proceso de extradición.

En un video difundido el martes, Alvarado dijo que está asilado en un país “que ha entendido que hay una persecución política”.

Suplementos digitales