Se necesita dinamitar la roca caída en la vía Alóag-…
Policía evitó un suicidio en puente de Portoviejo
Sicarios asesinaron a cuatro personas en una hosterí…
El recorrido ‘Cuidado a los heridos de la Bata…
Niña cayó a un pozo y una vivienda se incendió en Quito
ATM anuncia cierres viales en Guayaquil por desfiles…
7 fiestas clandestinas y 51 locales clausurados en Quito
Policía pide equilibrio en proyecto de Ley sobre uso…

Contraloría detectó fallas en el manejo de las armas

Los agentes penitenciarios dicen que no tienen armas ni equipos para disuadir los enfrentamientos entre bandas. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La lista de irregularidades es larga. La Contraloría descubrió que en 10 cárceles del país no existieron los controles debidos a las armas de dotación del personal penitenciario.

En un examen especial de 2020, la entidad revela las fallas en la administración de cada centro y por las que ahora los guías penitenciarios no cuentan con equipos.

Los celadores de la cárcel regional de Guayaquil confirman esa realidad. Comentan que no disponen de armamento para contrarrestar los ataques de las mafias que operan en ese centro penitenciario.

Incluso, advierten que el poder de las bandas es tan alto que amenazan a los guías si los encierran. Por eso, las llaves de las celdas las tienen los mismos reos. Y en cada pabellón existe un cabecilla que se encarga de mantener el control.

En similares circunstancias trabajan los guías de las cárceles de Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca, Azogues, Cañar y Guayas.

La investigación de la Contraloría, a la que tuvo acceso EL COMERCIO, revela que en esas provincias, entre 2013 y 2019, las armas de dotación “no contaban con las seguridades necesarias para su protección y seguridad contra el mal uso de las mismas”.

En las visitas a los centros carcelarios, se evidenció que en las bitácoras y los registros de las bodegas de armas o rastrillos no había información de los agentes ni fechas de retiro y entrega del armamento.

Tampoco había la documentación legal para conocer el origen de armas. Según la investigación, se encontraron carabinas, escopetas y revólveres “sin marcas, sin serie o con series alteradas”.

Se hallaron también armas y municiones deterioradas. Por eso, la Contraloría pidió explicaciones a los directores de cada centro. En el examen se detallan sus respuestas.

Ellos manifestaron la falta de presupuesto para adecuar los sitios en donde estaban las armas. Por ejemplo, la entonces directora de la cárcel de Latacunga dijo que en su gestión “se realizaron bitácoras para el control de las armas y que debido a la falta de presupuesto no dispusieron de un rastrillo para el almacenamiento y protección del armamento”.

Otros funcionarios explicaron al ente de control que “no recibieron de manera formal las armas” en sus gestiones.

Además, la Contraloría descubrió que entre 2013 y 2015 las armas que se utilizaban dentro de las cárceles “no fueron aseguradas”. Y que en 2016 y 2017 la póliza de seguros no contenía el detalle de las armas de fuego. Mientras tanto, en 2018 y 2019 “se encontraron aseguradas solo 32 armas a USD 0,01 cada una de ellas”.

La falta de seguros hizo que las armas en las cárceles se deterioraran y que fueran dadas de baja. Por eso, los guías de la Penitenciaría de Guayaquil dicen que actualmente no tienen armas. Por esta razón, cuando ocurren las revueltas dentro de los pabellones ellos salen y entra la Policía.

Lo mismo señalan guías que trabajan en la cárcel de Turi, en Azuay. Los uniformados dicen que no tienen armas ni equipos para disuadir enfrentamientos entre las bandas. Allí también los grupos tácticos de la Policía Nacional se activan cuando existen revueltas.

La falta de estos y otros equipos ha sido uno de los factores que han agravado la crisis carcelaria que se vive actualmente. Los asesinatos de más de 315 presos durante este año generaron que el Gobierno anunciara más presupuesto para la seguridad de estos centros.

El Plan del Sistema de Rehabilitación, que fue diseñado en los últimos días del anterior Gobierno, indicaba que se requiere una inversión directa para el Servicio de Rehabilitación Social de USD 6,9 millones. La mayor parte del dinero serviría para la contratación de más guías y para la compra
de equipamiento.

Los datos oficiales indicaban que se necesitan al menos 2 261 agentes nuevos para controlar a una población penitenciaria que está cerca de los 40 000 presos, con un hacinamiento del 29,7%.

El Gobierno actual ha señalado que para el próximo año se destinarán USD 124,4 millones al sistema carcelario.

No obstante, este Diario conoció que ahora el sistema de rehabilitación está levantando información sobre la falta de equipos y de tecnología. Con ese documento se espera iniciar los procesos para la compra de insumos.