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Contraloría abrió procesos a cinco entes por cárceles

En una ceremonia efectuada en 2019, en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi, se entregaron insumos de control. Foto: archivo / EL COMERCIO

La información sigue llegando de a poco a la Asamblea Nacional. La Comisión de Soberanía de este ente pidió datos a más de 18 instituciones estatales y de derechos humanos sobre sus competencias y responsabilidades en la actual crisis carcelaria.  

Luego de tres meses de investigación se conocen los primeros resultados: la Contraloría General del Estado, desde el 2016, abrió al menos 126 exámenes especiales sobre procesos de contratación de entes ligados al sistema penitenciario.  

En esa lista se encuentran tres ministerios: el de Gobierno, Defensa y la extinta Cartera de Justicia. La Policía y el Servicio Nacional para personas Privadas de Libertad (SNAI) completan el listado.  

Este último, encargado de los centros carcelarios del país, mantiene procesos de control abierto por distintos hechos. Uno de los más recientes data del 2020 y tiene relación con una serie de anomalías que se cometieron en el proceso de transición con el anterior Ministerio de Justicia. Entre las anomalías que hallaron se especifica que “la institución no efectuó el traspaso respectivo de documentación de respaldo de operaciones administrativas y financieras”.

Por ejemplo, hay información que indica que el SNAI y el anterior Ministerio de Justicia, “no suscribieron actas entrega recepción de armas de fuego para los guías” y que tampoco hubo una “custodia, inventarios, registros contables sobre las armas de fuego”. 

Incluso se advierte que los agentes de seguridad penitenciaria “no fueron capacitados con respecto al manejo de armas de fuego, debido a que los directores de seguridad penitenciaria no cumplieron con las responsabilidades atribuidas en el Estatuto del Ministerio de Justicia”. Ahora estos hechos se indagan. 
  
Otro de los contratos que fueron sometidos a control es la adquisición de equipos tecnológicos para la cárcel El Rodeo de Manabí. Según el análisis de la Contraloría, en 2017 se descubrió una compra de equipos por USD 140 000. Sin embargo, seis de los equipos entregados no funcionaron y no tenían las especificaciones que se realizó en la adjudicación. 

En otro contrato para adquirir pertrechos de seguridad también se presentaron irregularidades. Según la información de las auditorías, Rehabilitación pagó USD 830 000 por chalecos antibalas, esposas, cascos y trajes antimotín, máscaras antigás, entre otros.  

El análisis de control establece que parte de los productos no se entregaron y otros tuvieron retrasos. Además, detalla que las autoridades de ese entonces no tenían los informes técnicos correspondientes para realizar esas contrataciones.  

Hoy, en cárceles como la Penitenciaría, Cotopaxi y El Turi, en Azuay, los guías señalan que no tienen esos equipamientos. 

De hecho, la investigación legislativa detalla que en la Penitenciaría se cuenta con un chaleco antibalas y que los guías no tienen esposas para trasladar a los presos.  

Una de las fallas estructurales que se repiten en las cárceles más grandes es la falta de un escáner para realizar los controles en los ingresos.  

Las compras de estos equipos también guardan irregularidades según los auditores. En un examen especial se especifica que las autoridades de Rehabilitación realizaron una compra para el equipamiento de la cárcel regional de Guayas. Pero el equipo llegó un año después de concluido el plazo del contrato. Los montos y los responsables aún se indagan. 

La falta de recursos en las cárceles se ha visto reflejada en otras instituciones. Por ejemplo, la Policía tiene abierto cuatro procesos de investigación.  

Uno de ellos data de 2016. En esa auditoría se indica que se evidenció que en Manabí mantenían bienes en la bodega de Rastrillo sin legalizar y sin custodia. “No se elaboraron informes de las revistas de armas, pertrechos y armamento en mal estado, obsoleto e inservibles”. También se detectó armamento sin series originales y sin estar justificadas.  

En cambio, el Ministerio de Gobierno tiene exámenes especiales abiertos en el 2020 y 2021. Allí se establece las acciones que la institución ha cumplido o no para fortalecer a la Policía Nacional. Los documentos aún están en análisis.

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