El personal se entrena en el polígono de tiro del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), en Quito. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
El policía camina despacio y con dificultad. Usa un traje de protección contra explosivos, que pesa más de 80 libras. Paso a paso, el cabo Hamilton Buitrón se acerca a una caja abandonada en el piso, se agacha y coloca una cápsula detonante sobre ese objeto y lo enciende con una fosforera.
“Ya sale humo”, dice otro agente. Buitrón retrocede. Debe alejarse antes de que la carga se active. 45 segundos después, de la caja sale fuego, se escucha un estruendo y cientos de hojas, que estaban dentro, vuelan.
“Listo, muchachos, buen trabajo”, dice a viva voz Javier Toapanta, el capitán que lidera a 32 comandos que integran la Unidad Antiexplosivos, que opera en Quito, Guayaquil y Manta.
Este cuerpo élite, creado en 1987, tiene como tarea desactivar artefactos. Cuando estos detonan recogen muestran para saber qué usaron y abren las investigaciones judiciales.
La semana pasada ensayaron explosiones controladas de objetos sospechosos. Esas prácticas se ejecutan dos veces por semana en el polígono de tiro del GIR, el Grupo de Intervención y Rescate. Allí estuvo este Diario.
Toapanta sabe que esa formación reduce las posibilidades de cometer errores cuando asisten a un caso real que ocurre en espacios públicos.
El lunes 29, una alerta hizo que el personal de Guayaquil se movilizara a Machala, El Oro. Un taco de dinamita fue arrojado al balde de una camioneta que se encontraba estacionada en el patio de un domicilio. El ataque destruyó todo el automotor.
Cinco agentes recopilaron las evidencias, cercaron el área y colocaron cintas amarillas. El sargento Frank Jaramillo estuvo allí. Él realizó una detonación controlada de otro objeto sospechoso. Todos los miembros del equipo usan el traje confeccionado con material antiinflamable y recubierto con cerámica especial, que los protege de posibles quemaduras.
Solo en marzo pasado se registraron cuatro ataques con explosivos en Machala. Todo se produjo tras la matanza de 79 presos en cuatro cárceles.
Desde el 2017 hasta marzo pasado, se concretaron 31 atentados a escala nacional y en 63 ocasiones se impidió que los artefactos detonaran.
Mauricio Herrera es un suboficial que trabaja hace 18 años como técnico en esta área. Él recuerda que el peor atentado ocurrió hace tres años, en San Lorenzo, Esmeraldas. Era enero del 2018 cuando un coche bomba estalló en un cuartel policial. Tras el ataque, los agentes del GIR y de Criminalística levantaron muestras para descubrir el tipo de material empleado. “Usaron amatol, que es pentolita mezclada con gasolina. Eso hizo que la detonación fuese más fuerte”.
A San Lorenzo también fueron trasladados cuatro canes expertos en olfatear las cargas. Uno de ellos fue Danny, un perro que está hace ocho años en el GIR. Desde cachorro fue entrenado para percibir el olor de la dinamita, la pentolita y otros explosivos.
En el centro canino de la Unidad Antiexplosivos, el entrenador de perros Ángel Maldonado pone un arnés y un collar a Danny. Mientras otro agente coloca en el piso cuatro cajas de madera. En una de esas introduce explosivos y en las demás, comida.
Maldonado menciona la palabra ‘suke’ (busca) y extiende el brazo. El can corre hacia las cajas. Olfatea las dos las primeras y sigue. Cuando llega a la tercera se detiene y se sienta. El instructor explica que esa es su señal para alertar que ahí está el artefacto. Danny recibe un juguete de caucho. Así es como los adiestran.
En las operaciones se usa el denominado “cañón disruptor de agua”, que destruye los componentes de una carga. Además, un brazo robótico y una manta balística para desactivar granadas. Tienen un detector de metales para barridos electrónicos, una máquina de rayos X y una cámara de fibra óptica para observar dentro de paquetes sospechosos.
Así operaron el 25 de febrero para comprobar que no había material peligroso dentro de un maletín abandonado en la Plaza del Teatro, en el Centro de Quito. En redes sociales se hablaba de una amenaza a la capital luego de la masacre en las penitenciarías. Pero todo resultó falso.
El personal del GIR hace una presentación en la Plaza Grande de Quito. Foto: Vicente Costales
Desde el 2017 hasta marzo del 2021 se han registrado 308 falsas amenazas de bombas. Los agentes saben que en cada intervención, el Estado perdió alrededor de USD 2 500 por el despliegue de personal y equipamiento. De esto también se habla en las aulas de capacitación para los comandos.