Corte arrancó trámite para vincular a 22 personas en caso Sobornos
El norte de Malí cayó entre marzo y abril de 2012 bajo dominio de grupos yihadistas, en gran parte dispersados por una intervención militar lanzada en enero de 2013 por iniciativa francesa que sigue en Barján.
La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, inició el trámite para la vinculación penal de 22 sospechosos en el caso Sobornos.
El pasado viernes 26 de julio de 2019, la magistrada solicitó que la Asamblea se pronuncie sobre Rafael Correa, Jorge Glas y la actual legisladora Viviana Bonilla. Recordó que los dos primeros ejercieron la Presidencia y Vicepresidencia de la República en el tiempo en que ocurrieron los delitos indagados: asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.
Por lo tanto, requiere que la Legislatura diga si se los puede procesar judicialmente o no.
En el 2018, Camacho ya consultó al Parlamento si Correa podía ser enjuiciado (en el caso Balda) y este respondió que era improcedente pedir autorización, porque ya no era Presidente de la República.
En el caso de Bonilla, en cambio, la jueza citó el artículo 111, inciso segundo, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En esa norma se establece que para el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal en contra de un asambleísta se requerirá autorización previa del Pleno de la Asamblea Nacional.
En el archivo Verde Final, hallado en la computadora de la procesada Laura Terán, los nombres de Bonilla, Correa, Glas y de los demás sospechosos aparecen en los listados de ingresos y egresos de aportes para las campañas del movimiento Alianza País (AP).
Sobre Bonilla se indica, por ejemplo, pagos sobre los USD 900 000 que se habrían usado para impulsar su candidatura como alcaldesa de Guayaquil en las elecciones del 2014.
“Fiscalía pide mi vinculación en relación a mi candidatura a la Alcaldía... Como siempre lo he hecho desde que estoy en política, enfrentaré esta adversidad con valentía, entereza y con la fortaleza que me da mi embarazo”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.
FGE pide mi vinculación en relación a mi candidatura a la Alcaldía (ÚNICA vinculada de todos los candidatos a nivel nacional 2014).
Y como siempre lo he hecho desde que estoy en política, enfrentaré esta adversidad con valentía, entereza y con la fortaleza que me da mi embarazo.
— Viviana Bonilla (@viviana_bonilla) July 26, 2019
Correa y Glas, quienes encabezan la lista de sospechosos, aparecen además en los cuadernos de Pamela Martínez, otra procesada. Sus siglas son RCD y SP. Según el esquema trazado, Correa y Glas habrían dirigido el proceso de captación de aportes de las empresas contratistas.
Según Correa, sobre este caso se dijo inicialmente que “Odebrecht puso presidente con dinero sucio”. “Como se les derrumbó tamaña infamia se inventaron sobornos que nunca han existido y, por supuesto, el cabecilla soy yo”, escribió en la red Twitter.
Nunca olviden:
El caso fue porque “Odebrecht puso presidente” con “dinero sucio”. Como se les derrumbó tamaña infamia, se inventaron “sobornos” que nunca han existido, y, por supuesto, el “cabecilla” soy yo.
Mientras tanto, INA Papers, hasta con la cuenta de los corruptos, nada. https://t.co/Kp6ZLNOjxv— Rafael Correa (@MashiRafael) July 26, 2019
Otros altos funcionarios que serán procesados son los exministros Vinicio Alvarado y Walter Solís. Ambos están fuera del país. Los documentos de Laura Terán los ubican entre los líderes del sistema ilegal de aportes. A cada uno se le asignó un código y sus roles supuestamente habrían sido mantener contacto con los empresarios, negociar los montos y controlar los desembolsos.
En la lista de 22 personas también aparecen otros exfuncionarios de menores rangos: María Augusta E., Yamil M., Italo C., Francisco N., Alberto H., Victor F., Ramiro G., Edgar S., Pedro V., Napoleon S., Rafael C., Cai R.,Teodoro C. y Jose V. R.
Por primera vez desde que se abrió la investigación, la Fiscalía incluyó a 12 contratistas, aunque en los archivos de Terán se menciona a 18 como los principales aportantes.
Entre los vinculados están Du Yeon Ch., de la empresa SK Engineering. Según los documentos judiciales, la firma extrajera habría desembolsado USD 1,5 millones.
Este Diario buscó ayer al empresario, pero no fue posible contactarlo en el país.
William P., del Grupo Azul, es otro contratista que será procesado penalmente.
De acuerdo con los documentos de la Fiscalía, habría aportado USD 300 000. Él se encuentra en los EE.UU. Ayer, la Corte ordenó que se le notificara en la Embajada de su país sobre el inicio de la causa.
En este caso, la Fiscalía avanza con nuevas diligencias. Ayer, llegaron a las oficinas judiciales el asesor del presidente Lenín Moreno, Santiago Cuesta, y el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa. Él dijo que no conocía sobre el sistema de captación de dinero.
