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Una redistribución técnica de la población carcelaria comenzó en el país tras ponerse en marcha la clasificación penitenciaria, un esquema que en su fase inicial comprende a 9 214 personas privadas de la libertad distribuidas en seis centros de reclusión del centro y sur ecuatoriano. La medida arrancó formalmente el 16 de octubre de 2026 con el fin de debilitar la influencia de las redes delictivas, fracturar mandos internos y consolidar el control institucional del Estado.
La primera etapa de la clasificación penitenciaria concentra sus operaciones en establecimientos penitenciarios situados en las provincias de Cotopaxi, Azuay, Tungurahua y Chimborazo.
En estas dependencias se busca neutralizar la operatividad de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que mantenían presencia en los pabellones.
El personal a cargo ejecuta los traslados y reubicaciones internas con el propósito de optimizar la gestión administrativa en cada centro, asegurando que las condiciones de permanencia permitan ordenar los espacios y avanzar hacia un régimen bajo estricta supervisión.
El proceso distribuye a la población penitenciaria en cuatro categorías específicas: mínima, media, máxima y máxima especial. Esta segmentación responde a parámetros técnicos y de seguridad penitenciaria concebidos para fijar mecanismos de control diferenciados según el nivel de riesgo de cada persona recluida.
Al segmentar a los internos de acuerdo con su nivel de peligrosidad, las autoridades buscan limitar la capacidad de reclutamiento de las estructuras ilícitas. Asimismo, la medida procura generar entornos adecuados para llevar a cabo procesos de rehabilitación social y reinserción.
Las intervenciones en los centros carcelarios cuentan con la participación coordinada de delegados del Ejecutivo, uniformados de la Policía Nacional, efectivos del Grupo Especial de Agentes de Seguridad Penitenciaria y miembros del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria.
Durante las jornadas operativas, el director general del SNAI, Mauricio Mayorga Vallejo, acudió a territorio para verificar el desarrollo de los procedimientos y constatar las labores técnicas y de vigilancia desplegadas por los agentes y el personal administrativo en cada pabellón.
La implementación de la clasificación penitenciaria apunta a establecer una transformación estructural en la administración carcelaria, orientada a impedir que las bandas organizadas ejerzan control sobre los centros de detención.
Las autoridades señalaron que el propósito central radica en preservar el orden, erradicar estructuras de poder internas y consolidar un modelo de privación de libertad fundamentado en la seguridad, la organización interna y el control estatal permanente.
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