Con un minuto de silencio ante el fallecimiento del exministro de Gobierno, César Monge, se retomaron las comparecencias en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, como parte del juicio político contra Pablo Celi, excontralor subrogante.
La mañana de este domingo 25 de julio del 2021 compareció de manera telemática Jorge Zavala, abogado de Conecel (Claro). El jurista hizo una línea de tiempo sobre el contrato de ampliación de bandas, solicitado a Arcotel, por un valor de USD 180 millones. Además, rechazó que se vincule a la empresa con supuestos sobornos para desvanecer una glosa por USD 112 millones firmada por Celi, relacionada a la suscripción de ese contrato.
“No podemos aceptar que se confunda a la empresa con sobornos, coimas, eso no tiene asidero”, mencionó. Zavala dijo que el contrato en cuestión se concretó en el 2015, luego de que una comisión técnica se basara en un informe de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del Acuerdo Subregional Andino (Aseta) para fijar el costo de la concesión.
Posteriormente, la Contraloría efectuó un examen especial a Arcotel, por el periodo 2011-2015, donde está incluido el contrato suscrito por Conecel. En la primera fase del examen el ente de control estableció que había una diferencia de USD 112 millones, como parte del análisis del espectro para establecer el precio de la concesión.
Ante eso, Zavala explicó que se presentaron tres consultorías técnicas para determinar si el informe de Aseta era correcto. “Los tres (informes) dicen que sí, que se cumplió la fórmula tal como era”, manifestó en la Comisión.
El abogado de Claro dijo que fue un propio informe de la Contraloría el que hizo desvanecer la glosa de USD 112 millones. “Existen seis informes que señalan que el contrato se hizo con el precio adecuado y solo hay una opinión contraria”, apuntó.
También intervino Ana Proaño, exdirectora de Arcotel, entre marzo del 2015 y mayo del 2017. Ella cuestionó la labor de los auditores de Contraloría, a quienes acusó de utilizar un modelo matemático caduco. “Demostraron que no tienen todos los conocimientos económicos, técnicos ni jurídicos para realizar todos los exámenes en todas las áreas”. Además, los acusó de supuestamente tener un direccionamiento “ya que al no existir ninguna irregularidad han inventado argumentos falaces”.
Este domingo igualmente dio su versión Silvia Pérez, quien, como directora de Auditoría en Telecomunicaciones de la Contraloría, firmó el examen especial que determinó la glosa en contra de Claro por USD 112 millones. “Suscribí el informe con toda seguridad“.
Asimismo, fue recibida Yanny Monar, funcionaria de la Contraloría, quien junto a David Andrade avalaron los tres informes pagados por Conecel, cuyos resultados coincidían con el informe de Aseta. Este informe fue el sustento del desvanecimiento de la glosa de USD 112 millones.
Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, señala que la teoría del caso ha evidenciado tres aspectos clave en el juicio político a Celi: presiones, cambios irregulares y movimiento de autoridades “para cumplir órdenes orientadas a desvanecer glosas”.