Las personas que están afiliadas a partidos o movimientos políticos, sin haberlo solicitado voluntariamente, pueden emprender acciones legales y penales en contra de estos organismos. Así lo señalan expertos en procesos electorales y especialistas en derecho público.
Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) también lo ratifican. El secretario General del CNE, Santiago Vallejo, informó este sábado, 06 de agosto del 2022, que las personas que se sientan afectadas por estos hechos pueden realizar una denuncia en la Fiscalía o en el CNE para que se investigue dichas irregularidades.
Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y miembro del colectivo Voces por la Democracia, dice que las afiliaciones ilegítimas son sin duda una vulneración a los derechos políticos de los ciudadanos.
Por eso, opina que tanto la Fiscalía como el CNE deben investigar estos hechos y sancionar a los responsables. Según Aguinaga, detrás de estos registros fraudulentos existen delitos penales como la falsedad ideológica y la falsedad material.
Esto ocurre porque se falsifica la firma y el nombre de una persona. De allí que el CNE debe realizar una depuración de los registros de afiliaciones de cada partido político.
Según el Código Penal ecuatoriano (COIP) falsificar una firma podría ser castigado con penas de uno a tres años de cárcel. Así lo establece el artículo 327 del COIP. En cambio, en el artículo 328 se habla de la falsificación y uso de documento falso. Por esos delitos, la persona involucrada puede ser sancionada con penas de cinco a siete años de cárcel.
Para Diego Cevallos, experto en derecho público, a pesar de que existen normativas para investigar estos hechos, en el país no hay una cultura para denunciarlos.
Según el jurista, lo que ocurre en estos casos es que la persona afectada, por desconocimiento, pide al CNE que le desafilien del partido político. Este trámite dura poco tiempo y la persona queda libre de una inscripción irregular. Sin embargo, en su historial electoral quedará registrado como si algún día fue parte de la organización política.
En este caso, lo que se debe exigir al CNE es la nulidad de la afiliación. De esta forma, se borra del historial electoral de la persona.
Pero Cevallos dice que el CNE debe ser el encargado de verificar si las firmas que presentan los movimientos políticos son reales.
Otra entidad del Estado que debería indagar estos hechos es la Contraloría General del Estado.