Guillermo Lasso es mencionado en testimonio anticipado del caso Plaga

Testigo protegido declara en la CNJ sobre presiones y contactos en el caso Plaga, revelando posibles redes de corrupción judicial.

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Este martes 3 de septiembre de 2024, A.H.L.V. se presentó en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para entregar un testimonio anticipado como parte del caso Plaga, en el que se investiga una presunta red de corrupción judicial.

Lindao, quien es testigo protegido de la Fiscalía, aportó detalles sobre su papel en decisiones judiciales relacionadas con el conflicto político de noviembre de 2022.

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Según su declaración, Gruber Zambrano, exasambleísta de Santo Domingo, le habría solicitado emitir una medida cautelar a favor de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

A.H.L.V. afirmó que, tras dictar esta medida, acudió a una reunión en la casa de Zambrano, donde se le informó que su decisión había favorecido al entonces presidente Guillermo Lasso, ya que esto le habría permitido tener tiempo adicional para reorganizar apoyos en la Asamblea Nacional.

El expresidente Guillermo Lasso hasta las 12:15 de este martes 3 de septiembre de 2024, aún no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre su aparición en el caso Plaga.

Detalles del conflicto político de noviembre de 2022

El conflicto se originó en noviembre de 2022, cuando la Asamblea Nacional destituyó a cuatro vocales del Cpccs, contando con el respaldo de las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC) y del Partido Social Cristiano (PSC).

Poco después, A.H.L.V., entonces juez multicompetente de La Concordia, emitió la medida cautelar que ordenó la restitución de los vocales Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo.

Supuestos planes de la nueva mayoría en la Asamblea

En su testimonio, Lindao relató que, según Zambrano, la nueva mayoría buscaba destituir a la fiscal general Diana Salazar. Esto a través de los vocales del Cpccs y proceder con un juicio político contra el presidente Lasso.

La medida cautelar dictada por A.H.L.V. habría jugado un papel clave en estos planes al cambiar la composición del Consejo.

El exjuez describió cómo, durante la audiencia, se sintió presionado por diversas solicitudes y amenazas. Afirmó que recibió llamadas del juez Emerson C., también involucrado en otros casos, instándolo a colaborar en la acción de protección propuesta.

Nuevas revelaciones al inicio de nuevas amenazas

A.H.L.V., exjuez de la Unidad Judicial Multicompetente en La Concordia, narró cómo enfrentó presiones constantes mientras ejercía su cargo. Relató que en un inicio un ciudadano, quien llegó en un Audi, le entregó 20 000 dólares tras colocar un arma sobre el tablero de su vehículo, insistiendo en que debía “seguir colaborando”.

Este incidente marcó el inicio de una serie de amenazas y presiones para controlar decisiones judiciales clave.

El testigo protegido mencionó que recibió múltiples mensajes de Cristian R., quien lo urgía a no suspender ciertas audiencias y a resolver casos de inmediato para evitar “consecuencias”. Detalló que Cristian R. se presentaba como representante de una compañía panameña involucrada en una acción de protección.

Durante estas comunicaciones, también se mencionaron los nombres de varios jueces y abogados influyentes, como Wilman T. y Fausto M., quienes estarían relacionados con estos movimientos judiciales.

A.H.L.V. agregó que en una de las ocasiones fue abordado por Cristian R., quien llegó en un vehículo acompañado de cuatro sujetos armados.

En otro momento, el juez recibió mensajes de Emerson C., quien también está procesado en el caso Metástasis, sugiriéndole aceptar ciertas propuestas en el manejo de causas. Estas situaciones generaron preocupación por su seguridad e integridad, especialmente por la mención de figuras como Wilman T., con quienes se tenía contacto frecuente.

El exjuez describió que la presión y las amenazas continuaron aumentando, afectando su capacidad de ejercer con independencia. Indicó que le informaron que representantes de la Procuraduría General del Estado y de Inmobiliaria no asistirían a las audiencias, dejando claro que cualquier oposición había sido neutralizada. Estas acciones, relacionadas con el manejo de casos de alto perfil, reforzaban la influencia de grupos de poder dentro del sistema judicial.