A través de un comunicado este miércoles 31 de julio de 2024, la Fiscalía General del Estado informó que Luis F. y María V. fueron vinculados como cómplices al proceso penal por el presunto femicidio de Pamela Ati, oficial del Ejército ecuatoriano.
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El crimen ocurrió el 29 de junio de 2024, en el Fuerte Militar Napo, ubicado en Orellana. Un juez de la Unidad Especializada en Violencia Contra la Mujer dictó medidas cautelares, incluyendo presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para ambos procesados. Además, informó que la instrucción fiscal se ampliará por treinta días.
La fiscal a cargo de la causa reveló detalles cruciales en la audiencia de vinculación. Mencionó que un oficial del Ejército recibió un mensaje de texto de la víctima para que la recogiera de una reunión con otros compañeros.
En cambio, una mujer oficial fue la primera persona en encontrar a la víctima en su dormitorio a las 06:30 de la mañana, ya sin vida. Sin embargo, no reportó el hallazgo a las autoridades en ese momento.
Con la vinculación de estos dos militares ahora suman seis las personas procesadas en este caso. Los otros procesados enfrentan una presunta participación en relación con la muerte de Pamela A.
Contexto del crimen en el caso Pamela Ati
Pamela Ati, subteniente de intendencia y oficial del Comando de Apoyo Logístico N° 19, fue hallada con huellas de supusesta violencia física y sexual. Las pericias confirmaron que su muerte fue violenta.
Los cuatro uniformados procesados en flagrancia el 30 de junio de 2024 habrían estado presentes en los últimos momentos de vida de la víctima. Estos detalles resultaron cruciales para el avance del caso y la vinculación de nuevos implicados.
La escena del crimen y las evidencias recabadas apuntan a un ataque brutal y premeditado. Los investigadores continúan trabajando para esclarecer los detalles y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados. La Fiscalía mantiene su compromiso de obtener justicia para Pamela Ati y su familia.
El delito de femicidio en Ecuador está contemplado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este artículo establece una pena de 22 a 26 años de prisión para quienes sean hallados culpables de este delito.
Las medidas cautelares impuestas buscan garantizar la presencia de los acusados durante el proceso judicial y evitar su fuga. La ampliación de la instrucción fiscal permitirá a las autoridades profundizar en la recolección de pruebas y testimonios.