Durante la audiencia de juicio del caso Metástasis, que duró 29 días, la Fiscalía presentó pruebas periciales obtenidas de dispositivos electrónicos pertenecientes a Leandro Norero.
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Entre estas se incluyeron registros de llamadas, conversaciones de WhatsApp y Threema, además de videos y fotografías que documentan la planificación de actividades delictivas.
Los peritos informáticos señalaron que el material extraído suma 76 videos y más de 1 400 imágenes, además de mensajes que exponen transacciones y coordinaciones logísticas.
Entre las evidencias más relevantes se identificaron videollamadas que muestran interacciones entre Norero y otros miembros de la red criminal.
En estas grabaciones, se discutían temas como la entrega de dinero, la organización de movimientos logísticos y la gestión de trámites legales. Estas comunicaciones, según la Fiscalía, fortalecieron la tesis de que la estructura operaba bajo la dirección de Norero incluso desde prisión.
Conexiones entre Leandro Norero y funcionarios públicos salen a la luz
Las pruebas también revelaron nexos entre Norero y varios actores institucionales, incluidos policías, abogados y funcionarios del Consejo de la Judicatura y Fiscalía.
Según el fiscal Wilson Toainga, estas relaciones supuestamente facilitaron la operación de la red al garantizar beneficios dentro de prisión y frenar investigaciones en su contra. Los registros muestran conversaciones relacionadas con pagos, solicitudes de ayuda judicial y coordinación de actividades ilícitas.
El análisis de los dispositivos incluyó registros de transferencias de dinero y conversaciones en las que se discutían procesos judiciales y el manejo de trámites legales.
Además, se documentaron intercambios que reflejan presiones a miembros del sistema judicial para obtener resoluciones favorables a los intereses de la organización criminal.
Impacto del caso en la institucionalidad judicial
El fiscal Toainga destacó que el caso Metástasis representa un punto de inflexión para frenar la corrupción en las instituciones democráticas del Ecuador.
Según las autoridades, el esquema delictivo buscaba no solo garantizar la impunidad de sus líderes, sino también influir en decisiones judiciales y administrativas mediante la cooptación de funcionarios.
Con esta investigación, la Fiscalía buscó demostrar cómo el crimen organizado se insertó las estructuras del sistema judicial y administrativo. En el juicio, las pruebas presentadas apuntaron a la reconstrucción de una red jerarquizada, con roles definidos para garantizar su operatividad y proteger a sus miembros de las sanciones legales.
Alegatos de cierre, Fiscalía solicita máximas penas para los responsables
Durante los alegatos de cierre del caso Metástasis, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó un resumen detallado de las pruebas recabadas a lo largo del proceso. El fiscal señaló que el origen del caso se remonta al 25 de mayo de 2022, cuando Leandro Norero y su entorno familiar fueron detenidos bajo sospecha de lavado de activos.
Posterior a su fallecimiento, la investigación continuó con el análisis de dispositivos electrónicos encontrados en el centro penitenciario, donde se revelaron actividades ilícitas lideradas desde prisión.
El fiscal enfatizó que las pruebas permiten identificar roles específicos dentro de la organización. Xavier N., líder del grupo, dirigía una red de influencias que involucraba a abogados, funcionarios judiciales y otros colaboradores.
Según las evidencias presentadas, esta red coordinaba actividades para garantizar la impunidad y beneficios económicos a los integrantes de la organización. Además, Toainga destacó la participación de varios colaboradores clave que facilitaron resoluciones judiciales favorables, sobornos y otros actos ilícitos.
El fiscal subrayó la gravedad de los hechos, argumentando que las acciones de los involucrados afectaron no solo el sistema penitenciario, sino también la institucionalidad del sistema judicial.
Sobre esta base, solicitó al tribunal imponer penas proporcionales a la gravedad de los delitos, reflejando la responsabilidad de cada acusado.
Tras evaluar las pruebas y argumentos presentados durante el juicio, el Tribunal emitió sentencias condenatorias para los procesados en el caso Metástasis.
Xavier N., identificado como el líder de la organización. Por esta razón, recibió una pena de 10 años de privación de libertad por su rol principal en la estructura delictiva.
Por su parte, otros miembros clave, incluidos Wilman T., Ronald G., Johann M., María José A., y Carlos Z., entre otros, fueron condenados a 9 años y 4 meses de prisión por su participación como colaboradores del delito.
Estos procesados, en su calidad de funcionarios públicos o representantes legales, facilitaron las actividades ilícitas mediante sobornos y gestiones que beneficiaban a la organización.
Finalmente, los colaboradores externos, como Claudia G., Kevin P., y Braulio M., recibieron penas de 7 años de prisión.
