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Las investigaciones sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Luisa González en 2023 avanzan por dos vías diferentes. El caso Caja Chica indaga un supuesto ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela para financiar esa campaña; el caso Laberinto investiga un posible lavado de activos relacionado con recursos destinados a publicidad entre mayo y agosto de ese año.
También se diferencian por el origen y el estado de cada proceso. Caja Chica comenzó como una investigación previa por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. El caso Laberinto surgió de una denuncia vinculada con una sanción del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y derivó en detenciones con fines de formulación de cargos.
La Fiscalía ejecutó allanamientos por el caso Caja Chica a finales de enero de 2026 para recabar indicios. La hipótesis difundida entonces señalaba que dinero ilícito habría ingresado en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña de González, candidata presidencial por la Revolución Ciudadana junto con Andrés Arauz.
En esa investigación se mencionó a ocho personas cercanas al correísmo. Entre ellas constan el expresidente Rafael Correa, el asambleísta Patricio Chávez, la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur, los exministros Fausto Herrera y Patricio Rivera, y la abogada Bibian Hernández.
El exasambleísta Santiago Díaz rindió una versión ampliada como cooperador eficaz. En un primer testimonio aseguró que trasladó dinero desde Venezuela hacia Ecuador al menos en tres ocasiones. Sin embargo, en la información disponible no consta una formulación de cargos por el caso Caja Chica ni se ha establecido qué ocurrió después con esa indagación previa.
La denuncia de la que surgió el caso Laberinto se presentó después de una sanción del TCE a Luisa González, Andrés Arauz, Estefanía M. y Santiago Díaz. En abril de 2026, el organismo electoral impuso a los cuatro una multa equivalente a 40 salarios básicos.
La Fiscalía investiga en el caso Laberinto el supuesto delito de lavado de activos. Según la entidad, habría existido un entramado de personas naturales y jurídicas para canalizar 500 000 dólares destinados a publicidad de la campaña presidencial. La investigación examina inconsistencias sobre los aportes, el origen de los recursos y la identidad de quienes los entregaron.
La información del TCE citada en el proceso registra 174 930 dólares por propaganda electoral que no habría sido reportada y 6 400 dólares en contribuciones sin documentación de respaldo. Esos montos forman parte de los antecedentes electorales relacionados con el caso Laberinto.
La Fiscalía, por su parte, indaga el posible uso de 500 000 dólares para publicidad entre mayo y agosto de 2023. La información proporcionada no establece que esas cifras correspondan al mismo concepto: los valores del TCE se refieren a propaganda no reportada y aportes sin respaldo, mientras que los 500 000 dólares son parte de la hipótesis investigada en el caso Laberinto.
El operativo del caso Laberinto se ejecutó el jueves 22 de octubre de 2026 en Manabí y Pichincha. Luisa González fue detenida en la parroquia Canuto, en Chone; también fueron detenidos Santiago Díaz y Estefanía M. La Fiscalía informó que W. L. O. G. se entregó voluntariamente en Guayas y que otras tres personas permanecían bajo investigación.
Andrés Arauz aparece entre los denunciados el 14 de octubre, de acuerdo con la consulta de denuncias de la Fiscalía. En la información proporcionada no consta que haya sido detenido. En el caso Caja Chica, en cambio, hubo allanamientos y una versión de Santiago Díaz, pero no se informó de una formulación de cargos.
Aunque el caso Caja Chica y el caso Laberinto se relacionan con la campaña de 2023 y mencionan a González y Díaz, investigan hipótesis distintas: el primero se enfoca en el supuesto ingreso de dinero desde Venezuela; el segundo, en el presunto lavado de recursos destinados a publicidad y en inconsistencias sobre su origen y registro.
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